15 DE JULIO-El Gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, planea construir cinco nuevos centros de detención migratoria al estilo del polémico ‘Alligator Alcatraz’, inaugurado recientemente en los Everglades, Florida. Según confirmó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ya se han iniciado conversaciones con estados gobernados por republicanos para replicar el modelo. Esta estrategia refuerza la política migratoria de línea dura que Trump busca reinstaurar de cara a una posible reelección.
La instalación, situada en un antiguo aeropuerto rodeado de caimanes y pantanos, ha sido fuertemente criticada por organizaciones de derechos humanos, la oposición demócrata y migrantes detenidos. Legisladores federales y estatales que visitaron el sitio reportaron que más de 750 personas están encerradas en jaulas, sufriendo condiciones «asfixiantes», con falta de agua potable y comida en mal estado. La Arquidiócesis de Miami también condenó las condiciones del lugar, calificándolo como un espacio «corrosivo» y «inapropiado».
Pese a estas denuncias, el sitio se ha convertido en un punto turístico para simpatizantes de Trump, quienes acuden a tomarse fotos frente al letrero de «Alligator Alcatraz». Incluso se comercializa mercancía oficial del Partido Republicano con imágenes de cocodrilos y frases celebrando el centro. Camisetas, gorras y enfriadores de bebidas están a la venta en la tienda del GOP de Florida, una estrategia que ha sido calificada como cínica y deshumanizante por defensores de los derechos de los migrantes.
El congresista estatal Adam Botana, del Partido Republicano, visitó el lugar y lo describió como “limpio, fresco y con buena atención médica”, ignorando por completo los testimonios de quienes han denunciado abusos desde el interior del centro. Por su parte, el Comité Nacional Republicano del Congreso celebró en redes sociales que las camisetas con la leyenda “Alligator Alcatraz” se están agotando. Todo esto mientras se acumulan reportes de migrantes expuestos a calor extremo y condiciones insalubres.
Es importante señalar que, según la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), estas detenciones masivas podrían violar tratados internacionales sobre derechos humanos, incluyendo el derecho al debido proceso y la prohibición de tratos crueles. Además, expertos legales advierten que esta red de megacentros podría abrir la puerta a una privatización de la detención migratoria, con empresas cercanas al poder político lucrando con la privación de libertad de miles de personas.
El Partido Demócrata ya solicitó transparencia total en los contratos de construcción del centro, cuyo costo se estima en 450 millones de dólares. Alegan que el gobernador Ron DeSantis otorgó dichos contratos a donantes políticos cercanos, lo que añade un componente de posible corrupción a una crisis que ya es humanitaria. A pesar de las críticas, el gobierno federal insiste en que estos centros son necesarios para agilizar las deportaciones, sin atender las condiciones en las que estas se ejecutan ni los impactos sociales y éticos que generan.
