En un giro alarmante dentro de la crisis de desapariciones en México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha intervenido de manera decidida en el caso del llamado Rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, Jalisco. Este predio se ha convertido en el centro de atención nacional luego de que integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco encontraran posibles restos humanos y evidencias que apuntan a la existencia de un crematorio clandestino.
Tras estos hallazgos, familiares de personas desaparecidas y colectivos exigieron a las autoridades una actuación transparente y respetuosa. Sin embargo, lejos de recibir respaldo, denunciaron irregularidades graves por parte de la Fiscalía estatal, incluyendo la ruptura de la cadena de custodia y la falta de protocolos básicos durante el aseguramiento del sitio. Esto llevó a la CNDH a realizar una visita oficial al lugar desde el 19 de marzo, para verificar directamente las condiciones del operativo.
Durante su intervención, la CNDH señaló que existió una grave falta de coordinación entre autoridades y colectivos, lo cual no solo entorpece las investigaciones, sino que también puede poner en riesgo pruebas clave en un caso donde la verdad y la justicia ya llegan tarde. En ese sentido, el organismo defensor de derechos humanos llamó enérgicamente a garantizar la seguridad de quienes buscan a sus seres queridos, aplicando de manera estricta el Protocolo Homologado de Búsqueda y las normativas internacionales en materia de derechos humanos.
La preocupación de la CNDH no se detuvo ahí. También se pronunció contra la excesiva exposición mediática del caso, alertando que el manejo sensacionalista de la información puede revictimizar a las familias y desvirtuar el trabajo de quienes arriesgan su vida buscando la verdad.
Cabe recordar que este pronunciamiento ocurre en un contexto trágico: el asesinato reciente de María del Carmen Morales, integrante del colectivo, y de su hijo, Jaime Daniel Ramírez Morales, encendió todas las alarmas sobre la falta de garantías para quienes integran estos grupos de búsqueda. Por ello, la CNDH emitió medidas cautelares para proteger a los integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, e instó a que las investigaciones de estos crímenes se realicen con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos.
En paralelo, la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, inauguró una oficina móvil en el Centro Histórico de Guadalajara. Este espacio busca atender directamente a las madres buscadoras y ofrecer acompañamiento integral en los procesos legales, sicológicos y de seguimiento a sus denuncias. Además, se anunció que próximamente abrirán una sede regional permanente en el Palacio Federal de Guadalajara, como parte de un esfuerzo institucional más sostenido.
