10 DE JULIO-Después de 26 años, el Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos hondureños en Estados Unidos está a punto de expirar, dejando en vilo a más de 72,000 personas que han hecho su vida en el país norteamericano. El programa, creado tras el paso del huracán Mitch en 1998, ha sido renovado por varios gobiernos, pero con la administración de Donald Trump, su eliminación parece inminente, a pesar de los riesgos que implica para quienes deberán regresar a un país golpeado por la violencia y el desempleo.
Para muchos hondureños como Noemí López, de 67 años, el TPS ha sido la única vía para mantenerse legalmente en EE.UU., trabajar, pagar impuestos y vivir con dignidad. “Si nos quitan el permiso de trabajo, lo perdemos todo”, lamenta. Noemí es una de las tantas inmigrantes que, tras décadas de esfuerzo y sacrificio, enfrentan la angustia de verse despojadas de su sustento. Además de enfrentar una posible deportación, perdería su cobertura médica y su pensión.
Aunque el gobierno de Trump ha ofrecido a los “tepesianos” un vuelo de regreso gratuito y mil dólares como bono de salida, muchos consideran la medida insensible e insuficiente. Los funcionarios aseguran que Honduras es seguro para el retorno, pero el propio Departamento de Estado mantiene su advertencia de viaje por los altos niveles de criminalidad. “Mi hermano y mi primo fueron asesinados por una banda criminal. Yo también fui amenazada”, cuenta Anyeli Ramos, otra beneficiaria del TPS, quien ahora vive en Florida.
Desde 2022, Honduras ha renovado más de 20 veces un estado de excepción para enfrentar la violencia. Según datos de la ONU, el país sigue entre los más peligrosos del mundo. Muchas ciudades están controladas por maras que extorsionan a los pequeños negocios. En este contexto, la idea de regresar no solo genera miedo, sino que pone en riesgo la vida de miles de familias que huyeron precisamente de esas condiciones.
La eliminación del TPS no solo afecta a los inmigrantes directos, sino también a sus hijos y nietos, muchos de ellos ciudadanos estadounidenses. La señora López se niega a separarse de su nieto, al que crió desde pequeño: “No quiero que me lleven a una cárcel migratoria. A veces me asusta”. Por ahora, espera que su fe y trabajo la mantengan a salvo. A sus 67 años, sigue activa con su pequeño negocio, pero el futuro es incierto.
Un aspecto poco visibilizado en este tema es el impacto económico y social que tendría la deportación masiva de beneficiarios del TPS en comunidades locales de EE.UU. Diversos estudios han demostrado que estos inmigrantes han contribuido significativamente a la economía, pagando impuestos, sosteniendo negocios y formando parte de sectores clave como el cuidado de personas mayores, limpieza, construcción y agricultura. Su salida no solo afectaría a sus familias, sino también a la estabilidad de comunidades enteras que dependen de su fuerza laboral. En un país que enfrenta escasez de trabajadores en varios sectores, retirar el TPS podría ser un error estratégico que impacte más allá del ámbito migratorio.
