10 DE JULIO-Un juez federal de Nueva Hampshire emitió este jueves un bloqueo nacional contra el decreto del expresidente Donald Trump que buscaba eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento. El fallo, a cargo del juez Joseph Laplante, representa un nuevo freno judicial a las políticas migratorias más restrictivas del exmandatario, justo cuando la Corte Suprema había limitado recientemente el alcance de los jueces para emitir decisiones a nivel nacional. Sin embargo, al tratarse de una demanda colectiva, el juez argumentó que la medida se mantenía dentro del marco legal.
Laplante accedió a certificar una demanda colectiva presentada por abogados en defensa de los derechos migratorios, argumentando que el decreto de Trump representaba un “daño irreparable” para miles de personas que podrían ser privadas de su nacionalidad. En su audiencia celebrada en Concord, Nueva Hampshire, el juez fue contundente: “La privación de la ciudadanía estadounidense y un cambio abrupto de política… eso es un daño irreparable”. El fallo protege tanto a bebés nacidos como a los aún no nacidos que estarían en riesgo si se aplicara la medida.
La decisión también incluyó una orden judicial preliminar que bloquea indefinidamente la entrada en vigor del decreto. Laplante calificó su decisión como “no difícil” y recordó que la ciudadanía estadounidense es “el mayor privilegio que existe en el mundo”. Aunque el juez concedió unos días al gobierno de Trump para apelar, su mensaje fue claro: el sistema legal sigue siendo un contrapeso activo ante medidas que buscan alterar principios fundamentales del país.
Esta no es la primera vez que los tribunales federales actúan en contra de las propuestas migratorias de Trump, muchas de las cuales han enfrentado obstáculos legales por ir en contra de la Constitución estadounidense, especialmente la Enmienda 14, que garantiza la ciudadanía automática a quienes nacen en suelo estadounidense. El decreto de Trump había sido criticado por organizaciones civiles, académicos y expertos legales que lo veían como un intento por redefinir la nacionalidad con base en criterios excluyentes.
El caso resalta la importancia de los tribunales como garantes constitucionales, especialmente en momentos donde decisiones ejecutivas buscan modificar principios legales de largo alcance. Aunque el gobierno de Trump puede apelar la decisión, este fallo vuelve a poner en el centro del debate la vigencia de la ciudadanía por nacimiento como un derecho consagrado en la Constitución. Además, marca un precedente relevante para futuras administraciones que pretendan alterar el concepto de ciudadanía sin pasar por el Congreso. El fallo también subraya cómo la organización de demandas colectivas se ha convertido en una herramienta clave para frenar políticas que afectan a comunidades vulnerables.
