9 DE JULIO-Las armas impresas en 3D han dejado de ser una curiosidad tecnológica para convertirse en una herramienta peligrosa que prolifera a través de redes sociales, canales de mensajería y sitios web clandestinos. Su fabricación casera, bajo costo y la imposibilidad de rastrearlas las han convertido en una opción atractiva para criminales, extremistas y traficantes de armas en todo el mundo. Incluso se sospecha que una de estas armas fue utilizada en el asesinato del CEO de United Healthcare, Brian Thompson, en Estados Unidos.
Una investigación de BBC Trending expuso cómo este fenómeno se expande globalmente. Plataformas como Instagram, Facebook, Telegram y WhatsApp están sirviendo como escaparates digitales donde se ofrecen desde pistolas caseras hasta componentes de armas automáticas como el “interruptor Glock”. En uno de los casos investigados, un traficante ofreció armas impresas en 3D y servicios de envío internacional a través de criptomonedas, sin temor a ser rastreado o penalizado por las autoridades.
Radica en el impacto legal y ético que provoca el acceso a planos digitales para crear armas letales desde casa. Modelos como la FGC-9 están diseñados para construirse sin necesidad de piezas legales de armas, solo con plástico impreso y metal reciclado. Esto plantea un reto inédito a los gobiernos: ya no se trata de frenar el tráfico de armas convencionales, sino de controlar la información misma. Expertos advierten que, al igual que ocurre con la piratería o la pornografía infantil, la circulación de estos planos debería ser penalizada y rastreada.
Las plataformas tecnológicas han reaccionado con lentitud. Meta, dueña de Facebook e Instagram, reconoció que los anuncios que violaban sus políticas fueron desactivados “automáticamente”, pero no logró impedir su circulación. Telegram, por su parte, eliminó las cuentas tras recibir denuncias, aunque la investigación demuestra que los traficantes siguen encontrando maneras de evadir la moderación con lenguajes en clave y cuentas espejo.
Algunos defensores de la libertad de información, como el abogado Matthew Larosiere, argumentan que compartir planos digitales es un derecho amparado por la libre expresión. Sin embargo, expertos en seguridad como Rajan Basra del King’s College advierten que este argumento omite el riesgo real que representan estas tecnologías, especialmente en manos de individuos sin control legal ni moral. El caso de Myanmar ilustra bien la dualidad: aunque la resistencia usó armas impresas en 3D para enfrentar a la Junta Militar, abandonaron su uso por su baja calidad y la falta de insumos.
Frente a este escenario, se han comenzado a discutir leyes que penalicen la posesión o distribución de planos digitales de armas. Algunos gobiernos incluso estudian obligar a los fabricantes de impresoras 3D a incluir restricciones similares a las que impiden la falsificación de billetes. Sin embargo, el avance tecnológico y la descentralización de la información hacen que cualquier esfuerzo parezca insuficiente. El desafío ya no es solo legal, sino moral y tecnológico: ¿pueden las sociedades modernas controlar un arma que no se ve, no se registra y se descarga como si fuera música?
