CIUDAD DE MÉXICO.- Especialistas en derechos humanos pidieron al Gobierno de México aceptar la ayuda internacional ofrecida por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.
Consideran que rechazarla obstaculiza el acceso a la verdad y la justicia para miles de familias de desaparecidos.
De acuerdo con expertos consultados por El Universal, la postura defensiva del Estado mexicano frente a la resolución del comité agrava una crisis marcada por la impunidad, la falta de identificación de cuerpos y el aumento de personas desaparecidas.
El pasado jueves, el Comité contra la Desaparición Forzada decidió solicitar al secretario general de la ONU que remita la situación de México a la Asamblea General.
Esto que se tomen medidas de apoyo en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este delito.
El organismo concluyó que existen “indicios fundados” de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas que podrían equivaler a crímenes de lesa humanidad.
Crisis de desapariciones en México preocupa a la ONU
El Comité contra la Desaparición Forzada consideró que la situación de desapariciones en México no muestra mejoría y mantiene patrones persistentes de violencia e impunidad.
Santiago Corcuera, exintegrante del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, explicó que la decisión del organismo no busca confrontar a México, sino impulsar mecanismos de cooperación y financiamiento internacional.
“Ya hay más de 80 mil cuerpos sin identificar y la crisis forense sigue creciendo”, señaló el especialista, quien criticó la reacción del gobierno mexicano frente a la resolución.
Corcuera advirtió que negar el problema impide adoptar medidas para resolverlo y representa una oportunidad perdida para obtener apoyo internacional.
También sostuvo que el objetivo es frenar las desapariciones y no castigar al país, por lo que consideró indispensable reconocer que México necesita ayuda externa.
Más de 132 mil personas desaparecidas y miles de cuerpos sin identificar
Según especialistas, en México hay más de 132 mil personas desaparecidas y más de 70 mil cuerpos sin identificar.
Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, calificó de “muy lamentable” el rechazo del Estado a la resolución del comité.
La activista afirmó que aceptar la cooperación internacional permitiría avanzar en la identificación de restos humanos y en la localización de personas desaparecidas.
También recordó que en México una de cada mil personas se encuentra desaparecida y que existen menos de 4 mil carpetas de investigación relacionadas con este delito.
Olivares Ferreto subrayó que gran parte de la carga de búsqueda recae en las familias, especialmente mujeres, quienes enfrentan amenazas, desapariciones y asesinatos mientras buscan a sus seres queridos.
Michael Chamberlin, activista por los derechos humanos, advirtió que México enfrenta una crisis estructural, con un promedio de 40 personas desaparecidas cada día y más de dos décadas de violencia sostenida.
El especialista señaló que el comité de la ONU no afirma que exista una política deliberada de desapariciones como en la guerra sucia, pero sí detecta desapariciones generalizadas y, en algunos casos, patrones sistemáticos.
Como ejemplo mencionó el reclutamiento forzado de jóvenes en el estado de Jalisco.
Chamberlin consideró que cada vez que México rechaza la asistencia internacional refuerza la percepción de responsabilidad y debilita su credibilidad.
Además, alertó que si el Estado no reconoce la magnitud de la crisis, será imposible recuperar el Estado de derecho y la paz.
Rechazo de México puede afectar su imagen internacional
Andrea Horcasitas, encargada del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, afirmó que México enfrenta una crisis estructural con más de 83 mil restos humanos sin identificar y niveles de impunidad superiores a 98%.
La especialista destacó que es la primera vez que un caso relacionado con México llega a la Asamblea General de la ONU bajo el artículo 34, considerado el máximo nivel de alerta ante una práctica sistemática o generalizada.
Patricia Olamendi, creadora de la Red Nosotras Tenemos Otros Datos y exconsultora internacional de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, sostuvo que el rechazo del gobierno coloca a México entre los Estados que niegan la cooperación en materia de derechos humanos.
Añadió que el caso seguirá su curso en la Asamblea General, independientemente de que el gobierno mexicano rechace las conclusiones del comité.
Finalmente, Adalberto Méndez, exintegrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, advirtió que esta situación puede afectar la imagen de México como destino de inversión y como país seguro.
Esto debido al mayor escrutinio internacional que generará.
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