8 DE JULIO-El gobierno de Israel ha revelado sus planes para establecer una «ciudad humanitaria» en las ruinas de Rafah, en el sur de Gaza, donde se retendría a más de dos millones de palestinos desplazados por el conflicto armado. Según el ministro de Defensa, Israel Katz, la iniciativa comenzaría con unos 600,000 palestinos que ya han sido obligados a evacuar a la zona costera de Al-Mawasi. La propuesta, que incluye controles de seguridad y restricciones de salida, ha sido duramente criticada tanto por la comunidad internacional como por defensores de derechos humanos.
El plan, respaldado por el primer ministro Netanyahu y basado en una propuesta del expresidente estadounidense Donald Trump, contempla que la población gazatí permanezca dentro de esta área controlada a distancia por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Katz explicó que la administración de la zona estaría a cargo de organismos internacionales. Sin embargo, la mayoría de estas organizaciones ya han rechazado participar en proyectos similares por temor a la falta de neutralidad y seguridad para los civiles.
La Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), patrocinada por Israel y EE. UU., ha sido señalada por generar zonas de riesgo, donde ya han muerto cientos de palestinos intentando obtener ayuda. A pesar de ello, el modelo se quiere replicar para esta nueva ciudad. Como parte del proyecto, Israel busca países dispuestos a recibir palestinos en calidad de migrantes, aunque hasta ahora ninguno ha aceptado públicamente participar.
Desde el Reino Unido hasta Emiratos Árabes Unidos y Catar han rechazado firmemente la idea de reubicar forzadamente a la población de Gaza. David Lammy, ministro británico de Exteriores, expresó que estas acciones contradicen los intentos por lograr un alto al fuego. Por su parte, Hamas calificó la estrategia como parte de una limpieza étnica sistemática. La organización aseguró que la población seguirá resistiendo, pese a las condiciones extremas impuestas por la ofensiva israelí.
El abogado de derechos humanos Michael Sfard alertó que la construcción de esta ciudad y el encierro de la población equivalen al traslado forzoso y podrían ser considerados crímenes de guerra. En términos legales, explicó, no es necesario usar armas para forzar una deportación: basta con crear un entorno donde la vida sea insostenible para obligar a las personas a irse.
La propuesta israelí no solo genera rechazo por motivos humanitarios, sino que también podría sentar un peligroso precedente internacional. Encerrar a una población civil entera bajo el pretexto de ayuda humanitaria, mientras se le impide el libre tránsito y se condiciona su permanencia a factores políticos o de seguridad, atenta contra normas básicas del derecho internacional humanitario. Esta situación podría erosionar los principios que rigen la protección de civiles en zonas de conflicto y abrir la puerta a prácticas similares en otras regiones en crisis. La comunidad internacional tiene la responsabilidad no solo de condenar, sino de actuar para impedir que estos planes se concreten.
