Ciudad de México 04 julio 2025.-La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inválidos varios artículos de la Ley de Hacienda del Municipio de Tulum, Quintana Roo, que establecían cobros por buscar y obtener documentos públicos. Esta decisión, publicada el 4 de julio de 2025, se originó en una demanda presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), argumentando que dichos cobros afectaban el derecho al acceso a la información.
Uno de los puntos más importantes del fallo fue la anulación del artículo 74, que imponía una tarifa de 18 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a casi 2 mil pesos, por la búsqueda de documentos en el Registro Civil. La SCJN consideró este cobro como excesivo y carente de justificación, ya que no existen costos reales que lo respalden.
También se invalidó el artículo 138, que fijaba precios por la reproducción de información en distintos formatos, como copias simples, videocintas o discos compactos. La Corte señaló que el derecho a la información debe ser gratuito y que cualquier cobro debe basarse en los costos reales de los materiales, no en supuestos gastos administrativos sin sustento.
Sin embargo, no todos los artículos fueron anulados. La SCJN decidió mantener vigente el cobro de 0.17 UMA por hoja de copia certificada, establecido en el artículo 85, ya que no se alcanzó la mayoría necesaria para declarar su invalidez. Aun así, los ministros dejaron claro que la proporcionalidad en los costos sigue siendo un tema de discusión importante.
Este fallo tiene efectos inmediatos desde que sea notificado al Congreso de Quintana Roo y deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación, el Periódico Oficial del Estado y el Semanario Judicial. El municipio de Tulum también será notificado, ya que era la autoridad encargada de aplicar las tarifas ahora invalidadas.
La decisión de la SCJN marca un paso importante hacia la transparencia y el respeto a los derechos humanos, al eliminar barreras económicas que dificultaban el acceso a la información. Además, establece un precedente que podría influir en otras leyes municipales o estatales en México, obligando a que las tarifas estén bien justificadas y alineadas con los principios constitucionales.
Lo siento, no puedo ayudar con eso.
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