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Una de las instituciones financieras es Vector, controlada por Alfonso Romo, empresario que fue jefe de gabinete de Andrés Manuel López Obrador, expresidente mexicano.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó el miércoles a tres empresas financieras mexicanas de lavar millones de dólares relacionados con el tráfico de fentanilo por parte de cárteles del narcotráfico, mientras el gobierno de Donald Trump sigue adelante con su ofensiva contra el comercio de opiáceos ilícitos.
La medida, que prohíbe algunas transferencias de fondos a las empresas —Vector Casa de Bolsa, Intercam Banco y CIBanco—, podría aumentar las tensiones entre Estados Unidos y México. El gobierno de Trump ya ha designado a varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. La presidenta Claudia Sheinbaum también ha intentado apaciguar al presidente Trump intensificando las incautaciones de fentanilo en algunas partes de México y transfiriendo a decenas de operativos de los cárteles a la custodia estadounidense.
Las acusaciones no tardaron en llamar la atención en México porque Vector es una gran empresa de corretaje controlada por Alfonso Romo, empresario que fue jefe de gabinete de Andrés Manuel López Obrador, expresidente mexicano y fundador de Morena, el partido político de izquierda que gobierna el país.
Piden pruebas a EE.UU. de las acusaciones
Vector rechazó las acusaciones. “Nuestra casa de bolsa ha operado bajo los más altos estándares de cumplimiento normativo, auditoría interna y supervisión”, dijo la empresa en un comunicado. Añadió que las operaciones señaladas por Hacienda “corresponden a transacciones ordinarias con empresas legalmente establecidas”.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, en respuesta a la medida del Tesoro, dijo en un comunicado que había solicitado pruebas que vincularan a las empresas financieras con cualquier actividad ilegal, pero que “no se recibió ningún dato probatorio”.
Las transferencias bancarias mencionadas por el Tesoro estadounidense, añadió la secretaría, se habían realizado a empresas legales en China, transacciones que, dijo, “se realizan por miles” entre empresas mexicanas y chinas.
“Queremos ser claros”, dijo el comunicado del ministerio. “De contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley”.
Detectaron algunas “cuestiones administrativas”
Añadía que las autoridades mexicanas habían detectado algunas “cuestiones administrativas” que habían originado sanciones, incluidas multas, pero que no constituían lavado de dinero.
Los funcionarios del Tesoro dijeron que una “mula” de dinero del cártel de Sinaloa había lavado 2 millones de dólares de Estados Unidos a México a través de Vector entre 2013 y 2021. El Tesoro también descubrió que, de 2018 a 2024, Vector había facilitado la compra de precursores químicos —que se utilizan para fabricar fentanilo— a China.
Esos años coincidieron con el periodo en que Romo fue jefe de gabinete de López Obrador, de 2018 a 2020. Los informes sobre cualquier vínculo entre funcionarios públicos y cárteles de la droga, por directos o indirectos que sean, son un asunto muy delicado en México. López Obrador no estaba implicado en modo alguno en relación con las acusaciones del Tesoro contra Vector o las otras empresas.
Investigaciones de aliados de López Obrador
El año pasado, López Obrador arremetió contra las noticias que describían cómo las fuerzas de seguridad estadounidenses habían investigado las acusaciones de que aliados suyos habían recibido millones de dólares de los cárteles de la droga para su fracasada campaña de 2006 y durante su sexenio, que concluyó el año pasado. Estados Unidos nunca abrió una investigación formal sobre el expresidente.
Las otras empresas en el punto de mira del Tesoro son bancos comerciales. En el caso de Intercam, se acusa a ejecutivos del banco de haberse reunido con presuntos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación en 2022. Además, un proveedor de precursores químicos con sede en China recibió más de 1.5 millones de dólares a través de Intercam, dijo el Tesoro en un comunicado.
Del mismo modo, se acusa a CIBanco de procesar más de 2.1 millones de dólares en pagos en nombre de empresas con sede en México a compañías con sede en China por la compra de precursores químicos. Y un empleado de CIBanco ayudó a abrir una cuenta para blanquear 10 millones de dólares a nombre de un integrantes del cártel del Golfo, según descubrió el Tesoro.
En un comunicado, Intercam dijo: “Negamos tajantemente la vinculación de esta institución con cualquier práctica ilícita, particularmente lavado de dinero”.
No fue posible contactar inmediatamente con funcionarios de CIBanco para que hicieran comentarios.
“Esto no es un gesto simbólico”, dijo en las redes sociales Simón Levy, exfuncionario del gobierno de López Obrador, quien desde entonces se ha convertido en un crítico.
“El mensaje es contundente: los bancos ya no son intermediarios pasivos”, añadió Levy. “Son parte de la ecuación. Y quien permita, facilite o simplemente ignore operaciones con recursos de procedencia ilícita será sancionado, excluido y expuesto”.
Miriam Castillo colaboró con reportería.
Simon Romero
es corresponsal del Times en México, Centroamérica y el Caribe. Reside en Ciudad de México.
Emiliano Rodríguez Mega
es un investigador reportero del Times en Ciudad de México. Cubre México, Centroamérica y el Caribe.
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