A tan solo seis días del inicio de la Elección #Judicial 2025, miles de ciudadanos se preparan para participar en un proceso electoral sin precedentes en México. El próximo 1 de junio, la población tendrá la oportunidad de elegir directamente a los nuevos integrantes del Poder Judicial de la Federación, entre ellos ministros, magistrados y jueces. Sin embargo, ante la cercanía de la jornada, han surgido preguntas entre la ciudadanía sobre si se aplicará la llamada Ley Seca, una medida que podría restringir la venta de bebidas alcohólicas durante el desarrollo de los comicios.
¿Qué implica la Ley Seca y quién decide aplicarla?
La Ley Seca es una medida común en tiempos de elecciones. Aunque no es obligatoria en todo el país, su aplicación queda en manos de las autoridades estatales. Cada entidad federativa tiene la facultad de decidir si restringe o no la venta de alcohol durante las jornadas electorales, con el fin de garantizar el orden y evitar conflictos relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas.
Entidades que sí aplicarán la Ley Seca
Algunos estados ya confirmaron que sí aplicarán la Ley Seca. Por ejemplo, en Durango, la medida entrará en vigor desde el 31 de mayo y hasta el 1 de junio, coincidiendo con las elecciones locales. Lo mismo sucederá en Ecatepec, Estado de México, así como en Veracruz, Nuevo León, Sonora y San Luis Potosí, donde se ha decidido implementar esta restricción para promover una jornada pacífica y sin incidentes.
Esta Elección Judicial marcará un antes y un después, ya que será la primera vez que los ciudadanos voten directamente por integrantes del Poder Judicial. Se renovarán importantes cargos, entre ellos 9 ministros de la Suprema Corte, 2 magistrados del Tribunal Electoral, 464 magistrados de circuito y 386 jueces de distrito. La lista de aspirantes puede consultarse en la plataforma del Instituto Nacional Electoral (INE), que también ha compartido el procedimiento para el conteo y traslado de votos.
El sustento legal de esta jornada se encuentra en el artículo 300 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual obliga a las autoridades de seguridad pública a proteger el proceso y garantizar un ambiente seguro. La aplicación de la Ley Seca es una herramienta más para lograr que la participación ciudadana se realice con tranquilidad y responsabilidad.
