
CIUDAD DE MÉXICO.- Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, acusó este jueves a varios jueces de favorecer a presuntos delincuentes.
Lo cual consideró “inaceptable”, pues aseguró que existe un “alarmante” número de determinaciones judiciales que han beneficiado a criminales.
Durante la habitual conferencia de las mañanas en Palacio Nacional, el funcionario señaló que:
“Se tiene registro de 193 determinaciones, casi 200 decisiones de órganos jurisdiccionales que favorecieron o pretendieron beneficiar a presuntos delincuentes con traslados, liberaciones y egresos definitivos”.
“Más de 100 delincuentes regresaron a las calles”: García Harfuch
El funcionario destacó que debido a estas determinaciones se han concretado 164 egresos por cambio de medida cautelar y dos definitivos, “lo que significa más de 100 delincuentes que regresaron a las calles”.
Según señaló se han dado 27 traslados de personas privadas de la libertad a otros centros penitenciarios sin que se cumplieran con las formalidades del proceso.
También afirmó que, pese a que Prevención y Reinserción Social de la SSPC los consideró como “no viables” para estas medidas, por delitos como secuestro, privación ilegal de la libertad, homicidio, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.
García Harfuch dijo que “es inaceptable que órganos jurisdiccionales cuya misión es salvaguardar el orden y la justicia, tomen determinaciones para favorecer a los delincuentes”.
Secretario de Seguridad habló del Cártel de los Zetas
Asimismo, destacó que el caso del líder de los Zetas, Miguel Ángel ‘N’, requerido por el gobierno de Estados Unidos por delitos como asociación delictuosa, contra la salud, lavado de dinero e introducción de armas de fuego, cuya extradición fue bloqueada en más de 79 ocasiones por siete jueces.
Señaló directamente al juez Gregorio Salazar Hernández, con sede en el Estado de México, quien habría otorgado beneficios a Gerardo Pince Alanís, presunto operador del Cártel del Pacífico, y al “Contador”, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo.
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Por su parte la presidenta de México, Claudia Sheinbaum señaló que, por las denuncias contra los candidatos a la próxima elección judicial, que presuntamente tendrían nexos con el narcotráfico, será el Instituto Nacional Electoral (INE) o el Tribunal electoral los que tomen la decisión en última instancia, pero destacó que hasta ahora las denuncias se han hecho en redes sociales.
El mes pasado, Claudia Sheinbaum pidió al Tribunal Electoral invalidar a los candidatos de la primera elección popular del Poder Judicial que tengan nexos con el narcotráfico, después de que el Senado reconoció que hay aspirantes con estos vínculos.
La agrupación civil Defensorxs documentó 13 “candidatos relacionados con el crimen organizado, delitos sexuales, sectas político-religiosas y otras irregularidades” en el sitio “Justicia en la mira”, donde resalta, entre otros, a Silvia Rocío Delgado, exabogada del capo Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Elección judicial causa polémica
Los hechos reflejan la polémica en torno a la primera elección popular del Poder Judicial en México, cuando un récord de 99.7 millones de votantes están llamados a elegir por primera vez 881 cargos de entre 3,422 candidatos.
Los cuales incluyen la Suprema Corte, el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y el Tribunal Electoral.
Es preocupante escuchar que jueces puedan estar liberando a delincuentes. La justicia debería ser más estricta, sobre todo cuando se trata de la seguridad de todos. La gente necesita sentir que las leyes se aplican de manera justa y firme, no que se les da una segunda oportunidad a quienes han hecho daño.
Es preocupante que haya jueces que, según Harfuch, estén liberando a delincuentes. La justicia debería ser más firme y proteger a la gente. No podemos permitir que los criminales salgan tan fácil, eso solo genera más inseguridad.
Es preocupante que se liberen a tantos delincuentes, eso solo alimenta la impunidad y hace que la gente pierda la confianza en el sistema judicial. Los jueces deberían ser más cuidadosos con sus decisiones, porque al final, son las víctimas las que sufren las consecuencias. Es hora de que se tomen medidas serias para asegurar que la justicia realmente funcione.