Libro “28J” ya no será obligatorio en escuelas, confirma Secretaría de Educación
Educación aclara uso del libro
El controvertido libro 28J, escrito por el expresidente Manuel Zelaya, ya no será obligatorio en el sistema educativo nacional, según informó la Secretaría de Educación de Honduras. La obra, que relata la versión de Zelaya sobre el golpe de Estado de 2009, había generado un intenso debate en sectores sociales y académicos tras su publicación oficial. La aclaración fue emitida en un comunicado firmado por el ministro de Educación, Daniel Sponda.
El documento precisa que este libro forma parte del Plan Nacional de Educación en Memoria Histórica, pero que su lectura no será impuesta en las aulas. La aclaración surge tras la polémica generada cuando se anunció que el texto sería parte obligatoria del currículo escolar. “Este libro no constituye una lectura obligatoria en el sistema educativo nacional», reiteró el funcionario.
Fomentar la memoria sin imponer textos
Aunque se desliga de la obligatoriedad del libro 28J, la Secretaría de Educación defendió el derecho de las nuevas generaciones a conocer los hechos históricos del país. En ese sentido, Sponda explicó que el objetivo del material es “promover el pensamiento crítico, la conciencia cívica y el aprendizaje basado en hechos verificables”. La institución destacó la importancia de educar con base en la verdad, sin imposiciones.
La posición oficial también apela a la libertad de cátedra, reconociendo que cada docente puede decidir los recursos pedagógicos más adecuados, siempre que se respete el enfoque crítico y democrático que busca el sistema educativo. El ministro subrayó que “lo obligatorio no es el libro, es conocer la historia para que no se repita”.
El libro fue aprobado por el Consejo de Ministros y publicado en el Diario Oficial La Gaceta la semana pasada, lo que desató críticas de diversos sectores que consideraron que su uso obligatorio podía implicar una visión sesgada de los hechos ocurridos en 2009. Desde entonces, la presión pública obligó a las autoridades a matizar su postura y reafirmar que el texto no será impuesto en las escuelas.
Esta decisión busca equilibrar el acceso a la memoria histórica con el respeto al pluralismo ideológico y académico. La Secretaría aseguró que continuará promoviendo iniciativas educativas que fortalezcan el conocimiento de la historia nacional, pero sin imponer narrativas únicas ni materiales obligatorios que no cuenten con el consenso necesario.
