
Ciudad de México, 14 de junio de 2026.- La Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó analizar a fondo la denuncia presentada por la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, contra el senador Gerardo Fernández Noroña por presuntos actos de violencia política en razón de género.
El tribunal federal revocó por unanimidad la resolución previa del Tribunal Electoral de Michoacán, que se había declarado incompetente para atender la queja. El tribunal local argumentó que Quiroz, al ser funcionaria sustituta, no contaba con derechos político electorales porque no fue elegida por voto ciudadano.
Sin embargo, la Sala Toluca determinó que quienes ocupan cargos de elección popular de manera interina o sustituta tienen los mismos derechos que quienes accedieron mediante sufragio directo, por lo que la denuncia debe ser valorada en el fondo.
La magistrada Marcela Elena Fernández Domínguez señaló que el análisis no debe centrarse en el origen del nombramiento, sino en la función pública que actualmente desempeña la alcaldesa. Advirtió que negar la vía especializada implicaría una restricción indebida al acceso a la justicia.
Por su parte, la magistrada presidenta Nereida Berenice Ávalos Vázquez rechazó la decisión inicial del tribunal michoacano por considerar que cerrar anticipadamente la vía electoral solo por la forma de acceso al cargo es incorrecto. Subrayó la importancia de considerar la función pública y la dimensión institucional de las expresiones denunciadas para garantizar un análisis de fondo.
Esta resolución no prejuzga si existió violencia política por parte del senador Noroña, sino que devuelve el caso al tribunal local para que asuma competencia y evalúe el fondo del asunto. Según la denuncia de Quiroz, el senador morenista realizó ataques que cuestionan su legitimidad para ocupar el cargo basados en su género.
Contexto de la denuncia
La presidenta municipal de Uruapan acusó que durante una visita al Senado en marzo de 2026 fue víctima de una agresión orquestada por Fernández Noroña. Describió el incidente como un acto de intimidación pública con una estrategia dolosa para humillarla en un espacio del Poder Federal.
Implicaciones para la justicia electoral
Este caso pone en evidencia la necesidad de garantizar el acceso a la justicia especializada para funcionarios interinos o sustitutos que enfrentan violencia política por razones de género. La decisión del TEPJF abre la puerta para que estas denuncias sean analizadas con perspectiva de género y función pública, evitando interpretaciones formales restrictivas.
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