Ciudad de México, 13 de junio de 2026.- Joel Ángel Bravo Martínez, presidente municipal de San Miguel Amatitlán, Oaxaca, fue asesinado tras un ataque armado en la región Mixteca. El Partido Acción Nacional (PAN) denunció que el edil había advertido sobre amenazas a su vida y solicitó protección al gobierno estatal sin que se implementaran medidas efectivas.
De acuerdo con el PAN, Bravo Martínez expuso personalmente sus temores durante una mesa regional de seguridad celebrada el 11 de mayo, donde planteó sus preocupaciones directamente al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz. En ese encuentro se acordó asignar escoltas para reforzar su seguridad, aunque estas acciones no se concretaron.
El partido político también informó que semanas antes del homicidio, el alcalde fue víctima de un secuestro virtual y enfrentó un incidente con personas armadas, situaciones que motivaron su solicitud de apoyo institucional para proteger su integridad.
Tras el ataque, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) activó protocolos para investigar delitos de alto impacto y desplegó personal de la Agencia Estatal de Investigaciones y del Instituto de Servicios Periciales. La dependencia indicó que trabaja coordinadamente con corporaciones estatales y federales para localizar a los responsables y esclarecer el crimen.
El PAN exigió una investigación exhaustiva que castigue a los responsables materiales e intelectuales del asesinato, así como que se esclarezcan las posibles omisiones de las autoridades que fueron alertadas sobre el riesgo que enfrentaba Joel Bravo Martínez.
Contexto de violencia y seguridad en Oaxaca
El homicidio del alcalde se suma a un contexto de violencia que afecta a funcionarios públicos en la región. Las autoridades estatales mantienen las investigaciones ministeriales, periciales y de inteligencia operativa para determinar la mecánica del ataque y avanzar en la identificación de los agresores.
Reacción institucional y seguimiento del caso
La Fiscalía de Oaxaca informó que continuará con las diligencias para esclarecer el crimen y reforzar la seguridad en la zona. Mientras tanto, el PAN y diversos sectores sociales demandan respuestas claras y acciones contundentes para prevenir más ataques contra servidores públicos.
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