El conflicto entre México y Estados Unidos por el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944 ha escalado a niveles sin precedente este mes, en un momento marcado por una crisis hídrica regional, tensiones diplomáticas y presiones políticas en ambos países.
La disputa, que por años se mantuvo dentro de canales técnicos, ahora se ha convertido en un asunto de alta prioridad en la agenda bilateral.
Si bien se establecieron mecanismos para afrontar sequías, el acuerdo prohíbe que las deudas se acumulen en dos ciclos consecutivos.
A lo largo de las décadas, el tratado ha sido funcional gracias a la labor de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), una entidad binacional encargada de garantizar su cumplimiento. Sin embargo, las condiciones climáticas extremas, el crecimiento urbano y la sobreexplotación agrícola han puesto en jaque la sostenibilidad del pacto, consigna El Economista.
Según datos oficiales, México ha entregado solo alrededor de 600 millones de metros cúbicos en el actual ciclo, que culmina en octubre de 2025. Esta cifra representa apenas el 28% del compromiso total, generando una deuda superior a los 1,500 millones de metros cúbicos con el vecino del norte.
En Texas, agricultores del valle del Río Grande afrontan ya escasez crítica de agua para sus cultivos.
Organizaciones locales han acusado al gobierno mexicano de incumplimiento deliberado, mientras que políticos republicanos, incluido el presidente Donald Trump, han retomado el tema para presionar a la administración de Claudia Sheinbaum a tomar medidas.
Trump incluso ha calificado el acto como un “robo de agua”, asegurando que “México está saqueando a nuestros agricultores”, en declaraciones que reavivan el tono confrontativo de su anterior mandato.
Estas afirmaciones han generado preocupación en los sectores diplomáticos, que temen una politización mayor del asunto.
Del lado mexicano, la presidenta Sheinbaum ha defendido que el país está cumpliendo en la medida de lo posible dadas las severas condiciones de sequía, señala la cadena CNN.
Ha subrayado que el tratado no debe renegociarse, pero sí interpretarse con flexibilidad frente al cambio climático: “No se trata de incumplimiento, sino de una crisis hídrica estructural que compartimos”, declaró en una rueda de prensa reciente.
Expertos hídricos coinciden en que las sequías prolongadas no son el único factor. También señalan fallas internas en el manejo de los recursos, como la falta de regulación efectiva sobre concesiones y una distribución ineficiente del agua, que prioriza a sectores industriales y agroexportadores sobre los compromisos internacionales.
Estados como Chihuahua y Tamaulipas, claves en la captación de agua para el tratado, han tenido históricas tensiones internas por este tema. En 2020, durante otro episodio de crisis, protestas de agricultores en la presa “La Boquilla” generaron un conflicto interno que requirió intervención federal.
En esta ocasión, el gobierno mexicano ha propuesto medidas de corto plazo como trasvases controlados y el uso de agua almacenada en presas del sur. A mediano plazo, se contempla la modernización de infraestructura hidráulica y nuevos esquemas de cooperación binacional más resilientes ante el cambio climático.
Los compromisos
Es preocupante ver cómo el conflicto por el agua entre México y Estados Unidos sigue creciendo. El agua es un recurso vital y no deberíamos llegar a estas tensiones. Ojalá ambas naciones puedan encontrar una solución que beneficie a todos, porque al final, la gente de a pie es la que sufre las consecuencias.