CIUDAD DE MÉXICO (EFE).— La organización México Evalúa señaló ayer jueves que al menos ocho estados, de los 32 que integran el país, presentan altos niveles de riesgo de violencia “político-criminal” de cara a las próximas elecciones judiciales del próximo 1 de junio.
De acuerdo con su más reciente análisis, estos estados son: Baja California con un “riesgo muy alto”, seguida de Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo, Michoacán y Colima.
No obstante, también hay otras siete regiones del territorio mexicano que la organización consideró de “riesgo medio”, como Sonora, Nayarit, Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México, Ciudad de México y Tlaxcala.
En contraste solo cuatro estados mexicanos muestran un “riesgo bajo” en su reporte: Coahuila, Durango, Aguascalientes y Yucatán.
La ONG destacó que, por primera vez en la historia del país, se llevarán al cabo elecciones para ocupar diversos cargos en el Poder Judicial Federal.
En este sentido, alertaron que la evidencia sugiere que el crimen organizado podría intentar influir en estos procesos para consolidar su control territorial y político.
Antecedente de violencia electoral
Las elecciones de 2024 fueron catalogadas como las más violentas de la historia reciente, con más de 550 víctimas registradas, según datos de Data Cívica y México Evalúa.
Este antecedente incrementa la preocupación sobre la posible repetición de escenarios similares en los comicios judiciales venideros.
La organización propone implementar un enfoque de seguridad hiperfocalizado para mitigar estos riesgos.
Esto implica priorizar la protección en regiones de alto riesgo, brindar seguridad a candidaturas vulnerables y emplear corporaciones con menor grado de infiltración criminal.
La organización enfatiza la urgencia de actuar, dado que las campañas están programadas para iniciar el 30 de marzo, pues advirtió que sin una estrategia efectiva, las elecciones del Poder Judicial “podrían convertirse en un nuevo episodio de violencia e impunidad en estos estados. m. La violencia político-criminal se ha convertido en un mecanismo frecuente mediante el cual poderes fácticos, incluido el crimen organizado, buscan imponer sus intereses en los procesos electorales locales.
“La importancia de contar con un poder judicial al servicio del Estado de Derecho y la ciudadanía, y no de poderes fácticos, debería ser razón suficiente para que la autoridad considere este documento como una contribución de inteligencia para ofrecer condiciones de seguridad a las y los candidatos”, se lee en el documento.
El reporte subrayó que evitar la intromisión del crimen organizado en los procesos electorales requiere una transformación profunda del Estado de derecho.
Esto incluye la conformación de instituciones políticas profesionalizadas y responsables, mayor efectividad de las instituciones de seguridad y justicia, y un bienestar compartido que reduzca las condiciones que permiten la infiltración criminal en la política.
La comunidad internacional y las autoridades nacionales observan con atención el desarrollo de estos procesos, conscientes de que la integridad de las elecciones judiciales es fundamental para la consolidación democrática y el fortalecimiento del Estado de derecho en México.
Las campañas comienzan este domingo para la primera elección popular del Poder Judicial en México, donde el 1 de junio un récord de 100,4 millones de votantes elegirán de entre más de 4,000 candidaturas a la Suprema Corte, el Tribunal Electoral, el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y a miles de jueces y magistrados.
Es preocupante que haya tantos focos rojos en varios estados justo antes de una elección tan importante. La verdad es que esto puede hacer que la gente se sienta insegura y desconfíe del proceso. Deberían poner más atención en garantizar la seguridad y la transparencia para que todos podamos votar sin miedo.