CIUDAD DE MÉXICO.— Las reformas anunciadas por la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer la política de búsqueda de personas desaparecidas fueron cuestionadas por colectivos y familiares de víctimas.
Organizaciones como la Fundación para la Justicia señalaron que estas medidas no abordan la falta de articulación entre las fiscalías y las comisiones de búsqueda, lo que limita la eficacia en la atención de los casos.
Asimismo, denuncian la falta de disposición para incluir las opiniones de las familias afectadas, en contraste con el espacio otorgado a creadores de contenido en eventos oficiales.
Las iniciativas incluyen la creación de una CURP con datos biométricos y la imposición de sanciones a funcionarios que incumplan la ley. Sin embargo, colectivos han criticado estas propuestas por su limitada efectividad y el riesgo de que la recolección de datos biométricos pueda ser utilizada con otros fines.
Además, han señalado que ya existen mecanismos de sanción para funcionarios que no se aplican adecuadamente en la práctica.
Activistas han expresado que las medidas presentadas no son innovadoras ni atacan las causas estructurales de la crisis de desapariciones.
Aunque se considera el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, se advierte que sin una cooperación real con fiscalías y sistemas de inteligencia, estas instituciones seguirán siendo insuficientes para afrontar la violencia del crimen organizado y generar estrategias de búsqueda efectivas.
“La falta de coordinación entre instancias municipales, estatales y federales ha resultado en duplicidad de esfuerzos y revictimización de los familiares de desaparecidos. Además, las reformas han omitido a sectores especialmente vulnerables, como la población migrante en tránsito por México, quienes enfrentan mayor riesgo de desaparición debido a la violencia criminal y la debilidad institucional en materia migratoria”, se indica.
El tráfico, secuestro y reclutamiento forzado de migrantes de parte del crimen organizado han aumentado en los últimos años. Sin embargo, la propuesta gubernamental ignora que muchas de estas personas no cuentan con una CURP y que sus familiares, en muchos casos, no se encuentran en el país para reportar su desaparición o acceder a mecanismos de búsqueda.
Es bueno que se busquen nuevas formas de enfrentar la crisis de desaparecidos, pero parece que las reformas no tocan el problema de fondo. Si no hay una buena coordinación entre las instituciones, cualquier esfuerzo se va a quedar en palabras. La gente necesita acciones concretas y efectivas, no solo promesas.
Es realmente preocupante que, a pesar de las reformas que se están anunciando, todavía haya tantas dudas sobre su efectividad. Las familias que buscan a sus seres queridos merecen respuestas rápidas y claras, y no más promesas vacías. La falta de coordinación entre las autoridades es un problema serio que parece que no se está tomando en cuenta. Ojalá que se actúe de manera más efectiva para ayudar a quienes están sufriendo esta terrible situación.