64 municipios no aclararon el uso de fondos destinados a seguridad
Un total de 64 municipios en los estados de Jalisco , Michoacán , Guerrero , Zacatecas y Chiapas no justificaron el destino de 839 millones 420 mil 700 pesos , recursos que debían ser utilizados para fortalecer la seguridad pública. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), estos fondos, entregados a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun), siguen sin aclararse, a pesar de la creciente presencia del crimen organizado en estas regiones.
La ASF señala que, según la normatividad vigente, al menos el 20% de los recursos del Fortamun deben destinarse a seguridad pública . Sin embargo, varios municipios con altos índices de violencia no han rendido cuentas sobre estos fondos. Esto ocurre en un contexto donde la violencia sigue en aumento y el control de los grupos delictivos se ha expandido.
Jalisco, el estado con más irregularidades en seguridad
Jalisco encabeza la lista de estados con mayor cantidad de recursos sin justificar, acumulando un total de 431 millones 196 mil pesos cuyo paradero es desconocido. Este estado ha sido escenario de múltiples hechos violentos, incluyendo el hallazgo de un crematorio clandestino utilizado por el crimen organizado.
Entre los municipios más afectados por estas irregularidades se encuentran Zapopan (Jalisco), Frontera Comalapa (Chiapas), Pinos (Zacatecas), Salvador Escalante (Michoacán) y Leonardo Bravo (Guerrero) . Estos lugares han registrado un aumento en la violencia y una falta de infraestructura en seguridad, lo que genera preocupación en la población.
Zacatecas: en medio de la disputa entre cárteles
En Zacatecas , donde la violencia ha escalado debido a la lucha territorial entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa , se reporta que 156 millones 300 mil pesos destinados a seguridad no fueron justificados. Según informes de inteligencia del Gobierno de México, la lucha entre estas organizaciones se ha convertido en la entidad en una de las más peligrosas del país. Además, se ha denunciado que el rancho Izaguirre operó como un centro de exterminio durante al menos 10 años sin que las autoridades intervinieran. Estos hechos refuerzan la idea de que la falta de control sobre los recursos de seguridad contribuye al crecimiento del crimen organizado en la región.
Michoacán: dinero en el limbo mientras crece la violencia
En Michoacán , la crisis de seguridad sigue en aumento. Uno de los casos más impactantes ocurrió en el municipio de Buenavista , donde un menor de 15 años perdió la vida tras la explosión de una mina terrestre colocada por el crimen organizado. A pesar de la urgente necesidad de fortalecer la seguridad, 17 millones 357 mil pesos asignados a este rubro no han sido justificados.
Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, enfatizó que la falta de transparencia en el uso de los recursos destinados a seguridad es alarmante y que la ciudadanía debe exigir mayor fiscalización para evitar desvíos de fondos que podrían ser clave en la lucha contra la violencia.
Guerrero y Chiapas: habitantes inseguros y recursos desaparecidos
En Chilpancingo, Guerrero , al cierre de 2024, un 86.9% de la población se sentía insegura. Con 336 mil 480 habitantes , la capital guerrerense ha visto un incremento en los índices de violencia, sin que las autoridades locales den explicaciones claras sobre el destino de dos millones 269 mil pesos destinados a fortalecer la seguridad.
Por su parte, Chiapas también presenta irregularidades en municipios clave como Frontera Comalapa , donde el avance del crimen organizado ha generado una crisis humanitaria y de seguridad. Sin embargo, las autoridades locales no han podido justificar los fondos asignados, dejando a la población en un estado de vulnerabilidad aún mayor.
Exigen transparencia en el uso de fondos de seguridad.
Organizaciones civiles y expertos en seguridad han exigido mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos destinados a la seguridad en municipios con presencia del crimen organizado. La falta de justificación de estos 839 millones de pesos no solo representa un posible caso de corrupción, sino que también pone en riesgo la seguridad de millones de ciudadanos que viven en zonas de alto riesgo. La ASF continúa sus investigaciones y se espera que los gobiernos estatales y municipales rindan cuentas sobre el uso de estos fondos. Mientras tanto, la violencia sigue afectando a miles de familias en estas entidades, que continúan esperando medidas efectivas.
Es genial ver que se están tomando medidas para mejorar la situación, pero a veces parece que solo son promesas y no acciones concretas. La gente necesita resultados, no solo palabras. Hay que hacer más para que realmente se sienta el cambio.