CIUDAD DE MÉXICO.- Una jueza federal vinculó, después de 22 horas de debate entre las partes, a proceso a los cuatro ex colaboradores de Silvano Aureoles Conejo, ex gobernador de Michoacán detenidos por presunto daño al erario por 3 mil 412 millones de pesos en la construcción de siete cuarteles de la Guardia Civil del estado.
La jueza de control Patricia Sánchez Nava, en audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en el Reclusorio Oriente, desechó los datos y medios de prueba presentados por la defensa de Carlos Maldonado Mendoza, ex secretario de Administración y Finanzas; Antonio Bernal Bustamante, ex secretario de Seguridad Pública de Michoacán.
También de Mario Delgado Murillo, ex delegado administrativo de la Secretaría de Finanzas; Elizabeth Villegas Pineda, ex delegada Administrativa de la SSPC.
Se les acusa de peculado
Ellos quedaron procesados por los delitos peculado, asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y administración fraudulenta.
Durante la maratónica diligencia, los abogados de los imputados presentaron peritos en grafología, lavado de dinero, oficios y pólizas para desvirtuar las acusaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Contraloría de Michoacán, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Sin embargo, fueron desechadas.
En el caso del ex secretario de Administración y Finanzas, Carlos Maldonado Mendoza, su defensa alegó que el ex funcionario sólo autorizó tres oficios para realizar pagos a la Inmobiliaria DIP, propiedad del empresario Joaquín Martínez del Campo.
A esta se le señala de beneficiarse con los contratos de arrendamiento, servicios y la compraventa a sobreprecio de los cuarteles en los municipios de Huetamo, Apatzingán, Coalcomán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro, y que en algunos casos se falsificó su firma.
Abogado dice que contratos fueron autorizados
Alexander Rubén Castillo, abogado de Maldonado Mendoza, señaló que la entrega de los contratos de arrendamiento, mantenimiento y limpieza, así como el de la compraventa fueron autorizados por el comité y subcomité de adquisiciones del gobierno del estado y no por su cliente.
TE PUEDE INTERESAR: Masacre en panteón de Guanajuato: víctimas asistieron a un funeral
“Están caricaturizando los contratos para meter a la cárcel a cuatro personas”, reviró el litigante quien rechazó que haya una malversación de los recursos para los cuarteles.
Señalan que en un oficio la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán reconoció que a la fecha están habilitados y desde los mismos, se organizan acciones y patrullajes para garantizar la seguridad de los michoacanos.
Ante el revés judicial, los imputados pueden recurrir al acuerdo reparatorio con el gobierno de Michoacán, en el que se declaren culpables y regresen una parte del monto dañado al erario, como lo hizo en noviembre de 2024 la Inmobiliaria DIP, que pagó 970 millones de pesos a las autoridades michoacanas para extinguir la acción penal en su contra.
Ya hubo un planteamiento de acuerdo reparatorio
La secretaria de la Contraloría de Michoacán, Azucena Marín Correa, afirmó que ya hubo un planteamiento de acuerdo reparatorio de uno de los imputados.
Sin embargo, dijo, está valorando pues el objetivo del gobierno del estado es procesar a los cuatro detenidos e ir por el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, quien está prófugo de la justicia.
Vestido con el uniforme de preso, Mario Delgado Murillo, ex delegado administrativo de la Secretaría de Finanzas, compareció ante la jueza y aseguró que “se le achacan malas funciones que están en el reglamento” de la dependencia en la que laboró de 19 de julio de 2017 al 15 de abril de 2019.
La FGR le atribuyó gestionar los pagos a sobreprecio de los cuarteles de la Guardia Civil en los municipios de Uruapan y Lázaro Cárdenas.
Dijo que él sólo dio trámite a cuatro oficios y que la decisión de arrendamiento, contratación de mantenimiento y limpieza para los cuarteles, y finalmente la compraventa de los mismos la tomó el comité y subcomité de adquisiciones.
Indicó ante la jueza que “ellos determinaron la contratación de la Inmobiliaria DIP. Los delegados sólo somos responsables de la ejecución, nunca firmé ningún contrato de arrendamiento”.
Abogado dice que su cliente ya no era funcionario público
En tanto, el abogado de Delgado Murillo dijo que su cliente ya no era funcionario público al momento de los hechos que le imputan y cuestionó:
“Con cuatro oficios pretenden fincarle cuatro tipos penales. Él elaboró no firmó y aun así sólo gestionó no tomó las decisiones, sólo realizó labores de gestión”.
Por su parte, la defensa de Elizabeth Villegas pidió a la jueza que el acuerdo reparatorio por 970 millones de pesos que el gobierno de Michoacán firmó con Inmobiliaria DIP, que extinguió la acción penal contra la empresa, beneficiaria a los cuatro ex funcionarios detenidos la semana pasada por la FGR.
Es bueno ver que se está tomando en serio el tema de la corrupción y que hay consecuencias para quienes manejan mal el dinero público. Al final del día, es nuestro dinero el que se pierde. Ojalá esto sirva para que otros piensen dos veces antes de hacer lo mismo.