TEL AVIV, Israel (AP).— Israel afronta duras críticas luego de que ayer domingo bloqueó la entrada de bienes y suministros a la Franja de Gaza, exigiendo que Hamás acepte una nueva propuesta de alto el fuego.
Egipto y Qatar, mediadores en el conflicto, acusan a Israel de violar las leyes humanitarias al utilizar el hambre como arma de presión.
La comunidad internacional ha expresado su preocupación por las consecuencias de esta medida en la población gazatí, que ya afronta una grave crisis humanitaria tras meses de guerra y escasez de recursos esenciales.
Durante la primera fase del alto el fuego, se permitió un mayor ingreso de ayuda humanitaria, lo que alivió parcialmente las condiciones de hambruna en Gaza. Sin embargo, al finalizar esta etapa, Hamás acusó a Israel de obstaculizar la implementación de la segunda fase al suspender el ingreso de asistencia. El grupo calificó esta decisión como un “crimen de guerra” y un ataque a un acuerdo que tomó un año de negociaciones para entrar en vigor en enero.
La falta de avances en las conversaciones ha generado tensión de las partes y preocupación en la comunidad internacional. La segunda fase del acuerdo preveía que Hamás liberaría a los rehenes restantes a cambio del retiro de las fuerzas israelíes y un alto el fuego prolongado. No obstante, las negociaciones, que debían haber comenzado hace un mes, han tenido retrasos.
Israel anunció que Estados Unidos presentó una nueva propuesta que extendería la tregua hasta el final del Ramadán y la Pascua judía, en abril. Según este plan, Hamás liberaría a la mitad de los rehenes en el primer día y al resto una vez que se acuerde un cese permanente de las hostilidades.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que su gobierno coordina completamente con Estados Unidos y que la tregua solo continuará mientras Hamás siga liberando rehenes.
Washington no ha emitido declaraciones oficiales sobre esta nueva estrategia, lo que deja dudas sobre su viabilidad. Mientras tanto, el Comité Internacional de la Cruz Roja advirtió que cualquier colapso en el proceso podría sumir a la población de Gaza en una crisis humanitaria aún más grave.
Naciones Unidas y Médicos Sin Fronteras han condenado a Israel por condicionar la ayuda humanitaria a negociaciones políticas.
Cinco ONG han solicitado a la Corte Suprema de Israel que prohíba al gobierno impedir la entrada de ayuda a Gaza, argumentando que esta medida viola sus obligaciones internacionales. Según expertos en derecho humanitario, la población gazatí enfrenta una crisis sin precedentes y el acceso a suministros esenciales no debería estar sujeto a consideraciones políticas.
La restricción ha generado temores de hambruna masiva, ya que los habitantes dependen casi por completo de la ayuda internacional para sobrevivir.
Antes del bloqueo, aproximadamente 600 camiones con ayuda humanitaria ingresaban diariamente a Gaza, mitigando la crisis alimentaria. Sin embargo, la reciente suspensión ha provocado un aumento drástico en los precios de los productos básicos, haciendo que muchas familias no puedan costear alimentos básicos.
Desde los campos de refugiados en ruinas hasta las zonas urbanas, la incertidumbre y el miedo a la escasez han generado un clima de desesperación. Hamás ha advertido que cualquier retraso en la implementación del acuerdo actual podría tener graves consecuencias humanitarias, sobre todo para rehenes aún retenidos.
Intensifican la presión
Las familias de rehenes han intensificado la presión sobre el gobierno israelí, exigiendo que no se retrase más la negociación de un acuerdo para liberarlos.
No pueden esperar
Argumentan que sus seres queridos no pueden esperar por el “acuerdo ideal” y la vida de cada rehén debe ser prioritaria.
Posturas opuestas
Es triste ver cómo las decisiones políticas afectan a las personas comunes. Cortar la ayuda a Gaza puede hacer que la situación de la población civil empeore, y eso no parece justo. Al final, los que sufren son siempre los más vulnerables, mientras que los líderes siguen en sus luchas de poder.
Es muy triste ver cómo se usan a las personas como piezas de un juego político. A veces, las decisiones que se toman para presionar a un grupo pueden afectar a muchas familias inocentes que solo quieren que sus seres queridos regresen a casa. No se puede jugar con la vida de la gente así.