En Quintana Roo, se han abierto más de 400 carpetas de investigación por violencia digital, un fenómeno que ha afectado a muchas mujeres y que ha impulsado a grupos de defensoras a tomar acción. Este tipo de violencia no solo deja secuelas psicológicas y emocionales, sino que también tiene un impacto económico en las víctimas. A pesar de la gravedad del problema, las defensoras aseguran que, tras la primera sentencia histórica en el estado, se espera que más mujeres se animen a denunciar este tipo de agresiones.
Lizbeth Lugo, representante de la organización Defensoras Mx, explicó que el trabajo de apoyo a las víctimas comenzó en 2021, y recientemente se obtuvo la primera sentencia de siete años contra un agresor. Este fallo es considerado un precedente importante para que más mujeres se sientan seguras y respaldadas al denunciar. Lugo destacó que el mensaje que se quiere enviar es claro: no es normal ni aceptable compartir contenido íntimo sin consentimiento, ya que esto puede causar un daño irreversible a las personas afectadas.
«El caso que hemos trabajado es solo uno de muchos, y con esta sentencia histórica se espera que otras víctimas se atrevan a alzar la voz», afirmó Lugo. La activista hizo un llamado a las mujeres para que no se intimiden y denuncien cualquier tipo de violencia digital, ya que, además de la exposición no consentida de imágenes y videos, en algunos casos también se presentan intentos de extorsión, lo que agrava aún más la situación.
El trabajo de las defensoras también se enfoca en sensibilizar a las autoridades sobre la gravedad de estos delitos. Lugo señaló que la Fiscalía General del Estado debe tomar más en serio este tipo de casos, judicializándolos para que no queden impunes. Además, insistió en que las víctimas no deben conformarse con una disculpa, pues los efectos psicológicos, emocionales y económicos pueden ser devastadores, incluso llevando a algunas personas a pensamientos suicidas.
Un caso emblemático que sentó precedente fue el de Eduardo Augusto “N”, quien fue condenado a siete años de prisión por compartir contenido íntimo de varias personas sin su consentimiento, a través de plataformas como WhatsApp. Además de la pena privativa de libertad, el sentenciado deberá pagar una multa superior a los 37 mil pesos y una reparación del daño de más de 327 mil pesos. Este caso se considera como un avance significativo en la lucha contra la violencia digital en la región.
La violencia digital es una problemática creciente en el mundo y, particularmente en Quintana Roo, donde las defensoras buscan concienciar a la sociedad y las autoridades sobre la importancia de proteger los derechos digitales de las personas, especialmente de las mujeres, quienes son las principales víctimas de este delito.
