El gobierno de Quintana Roo anunció que interpondrá una denuncia contra la concesionaria Aguakán por varios motivos, incluidos incumplimientos de contrato, la ampliación irregular de su concesión y la calidad del agua suministrada, que supuestamente contiene partículas contaminantes y bacterias peligrosas. Según la Secretaría de Gobierno, la empresa ha estado inyectando agua contaminada al manto freático, lo que ha provocado daños al medio ambiente y pone en riesgo la salud pública. Además, la empresa está acusada de manipular el proceso de ampliación de la concesión, recibiendo un pago millonario de 1,055 millones de pesos, lo cual no estaba permitido por la ley.
Denuncias y medidas de la administración estatal
La secretaria de Gobierno, Cristina Torres, destacó que las denuncias están fundamentadas en un análisis exhaustivo de la operación de Aguakán, que incluyó auditorías y muestreos de agua. Se detectaron altos niveles de E. coli y coliformes fecales, excediendo los límites permitidos, lo que representa un grave peligro para la salud. Además, la denuncia incluye la ilegalidad en la prórroga de la concesión, que se extendió hasta 2053 sin cumplir con los procedimientos legales establecidos. El gobierno también presentó pruebas ante la Fiscalía General de la República, lo que resultó en órdenes de aprehensión contra algunos directivos de la empresa.
Posición de Aguakán ante las acusaciones
Por su parte, Aguakán rechazó las acusaciones y alegó que ha operado dentro de la legalidad y con un compromiso social. En un comunicado, la concesionaria defendió su labor, destacando las inversiones realizadas en infraestructura y los pagos realizados a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y a la Secretaría de Hacienda. También se refirió a la modificación de su título de concesión en 2014, que se llevó a cabo con la aprobación de las autoridades locales. Aguakán también expresó su disposición para una posible terminación anticipada de la concesión, siempre y cuando se respete el marco legal y se garantice una compensación justa.
Impacto en la población y el medio ambiente
El conflicto entre el gobierno estatal y Aguakán refleja un creciente malestar social debido a los problemas relacionados con el suministro de agua en la región. La falta de agua durante largos periodos, los cobros indebidos y las irregularidades en la calidad del servicio han generado una fuerte reacción por parte de los ciudadanos. En una consulta popular reciente, la mayoría de los participantes expresaron su deseo de finalizar la concesión con Aguakán. Este litigio subraya la tensión entre la necesidad de un servicio público de calidad y los intereses de las empresas concesionarias, mientras las autoridades buscan proteger tanto la salud pública como el medio ambiente.
