CHETUMAL, MX.- Los diputados de la XVIII Legislatura de Quintana Roo aprobaron este miércoles una importante reforma a la Ley para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado, así como a diversas disposiciones del Código Penal del Estado. Esta iniciativa busca mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad en la entidad y garantizar una mayor inclusión social.
Durante la sesión, se presentaron los resultados de una consulta realizada a las personas con discapacidad, que fue llevada a cabo en siete etapas. Aunque la etapa final de publicación de los resultados aún está pendiente y se llevará a cabo entre el 25 de febrero y el 7 de marzo, los diputados recibieron las conclusiones preliminares. Entre las principales propuestas, se destaca la necesidad de considerar a un acompañante para cada persona con discapacidad y eliminar el requisito del certificado de discapacidad para acceder a ciertos beneficios.
Además, se planteó la importancia de otorgar apoyo económico a las personas que participen en la consulta y realizar mesas de trabajo con organizaciones de la sociedad civil, en las que también se incluyan a niños y niñas con discapacidad. Estas acciones buscan fomentar una mayor participación y asegurar que las necesidades de este sector sean atendidas de manera efectiva.
La Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en situación de Vulnerabilidad aprobó todas las peticiones surgidas de los foros realizados, asegurando que la consulta se lleve a cabo cada dos años y se incluya en la programación presupuestal. Esta medida busca dar seguimiento a los avances en la inclusión de las personas con discapacidad y crear políticas públicas que realmente respondan a sus necesidades.
En la misma sesión, se discutió una iniciativa enviada por la gobernadora Mara Lezama Espinosa para reformar el Código Penal del Estado. Esta reforma establece sanciones para quienes dañen o destruyan vías de comunicación o transporte público, así como señales que dificulten los servicios de emergencia. Las penas incluirían de seis meses a cuatro años de prisión y multas que oscilan entre 50 y 200 días. La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y dictaminación.
La presidenta de la mesa legislativa citó a la séptima sesión ordinaria, que se celebrará el próximo 6 de marzo a las 6:00 p.m. en el recinto legislativo. Este será un espacio clave para seguir discutiendo y avanzando en temas que afectan a la población quintanarroense.
Es genial que se hable de esto, porque muchas veces nos olvidamos de lo importante que es cuidar nuestro entorno. Sin embargo, a veces siento que se queda solo en palabras y no se toman acciones concretas. Necesitamos más que promesas, ¡hay que actuar ya!
Es genial ver que se están tomando medidas para mejorar la situación, pero a veces siento que se quedan cortas. La gente necesita soluciones más rápidas y efectivas, no solo promesas. Es importante que realmente se escuchen las necesidades de todos y se actúe en consecuencia.