Cancún, Q. R., a 23 de octubre de 2024.- La reciente decisión del gobierno de Quintana Roo de imponer una multa de 2,000 pesos a los motociclistas que circulen con escapes modificados ha provocado un intenso debate entre las autoridades y los grupos de motociclistas. Esta medida, anunciada por Efraín García Chávez, director de Tránsito Estatal, tiene como objetivo combatir el creciente problema del ruido excesivo en diversas localidades, incluyendo Chetumal, Playa del Carmen, Cancún, Tulum y Cozumel. Las sanciones se aplicarán utilizando equipo especializado para medir los niveles de decibeles emitidos por las motocicletas.
García Chávez justificó la implementación de esta sanción al señalar un aumento significativo en las quejas de los ciudadanos sobre el ruido generado por las modificaciones en los vehículos. Estas quejas son especialmente frecuentes durante los encuentros y rodadas de motociclistas, que han ganado popularidad en la región. “La ley es clara al prohibir cualquier modificación que incremente los niveles de ruido más allá de lo permitido”, afirmó el director de Tránsito. Destacó que estas modificaciones no solo violan las normativas vigentes, sino que también perturban la paz pública, especialmente en horarios nocturnos.
La reacción de los motociclistas ha sido inmediata. Grupos como “Los Locos Cancún” han expresado su fuerte oposición a la medida, argumentando que esta restricción vulnera su libertad de expresión y su derecho a disfrutar de su afición. Sin embargo, las autoridades defienden la sanción como una estrategia para garantizar la seguridad y bienestar de la comunidad, afirmando que el ruido excesivo se ha convertido en un problema recurrente que requiere atención urgente.
Además, el nuevo marco regulatorio hace referencia al Capítulo XV, artículo 164 del reglamento de tránsito de Benito Juárez, que prohíbe explícitamente las modificaciones en cláxones y silenciadores de fábrica. Esta normativa será objeto de un monitoreo riguroso, lo que indica un cambio en la postura de las autoridades respecto a la regulación del transporte motorizado y su impacto en la vida cotidiana de los habitantes de Quintana Roo.
La implementación de estas multas plantea interrogantes importantes sobre el balance entre la libertad personal y el bienestar colectivo en un entorno urbano cada vez más ruidoso. Mientras las autoridades buscan mitigar el impacto del ruido, los motociclistas se organizan para defender sus derechos, advirtiendo que una regulación justa también debe tomar en cuenta sus intereses. El desenlace de esta controversia podría establecer un precedente significativo para futuras políticas de tránsito en la región.
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