CHIAPAS.— Desde el pasado domingo 15 de septiembre, alrededor de 1,300 pobladores de las comunidades Río Guerrero, La Pureza, La Playa, Zacatonal y Zacualtipan en Amatenango de la Frontera, en la Sierra de Chiapas, están incomunicados.
Esto debido a que integrantes de cárteles de la droga derribaron el puente que les permitía cruzar el Río Grijalva, aislándolos del resto de los municipios de la Sierra baja.
Medios como Reforma informaron que en la región, el Cártel de Chiapas y Guatemala, asociado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa se disputan el control territorial.
Asimismo, se indicó que los constantes enfrentamientos entre estos grupos criminales han dejado a las comunidades atrapadas en medio de la violencia y sin vías de comunicación.
“Todo esto se está convirtiendo en un terrorismo que afecta a miles de familias que dependen de estas vías de comunicación. No hay palabras para describir esto”, expresaron los habitantes de los cinco poblados incomunicados en una carta firmada por el Pueblo de la Sierra de Chiapas.
De igual mod, en el documento lamentan la falta de respuesta de las autoridades estatales, señalando que sus peticiones de auxilio al gobernador Rutilio Escandón han sido ignoradas.
La violencia ha obligado a crear grupos de autodefensas o huir a Guatemala
Reforma también informó que la violencia y el hecho de que integrantes de cárteles de la droga, que se encuentran en pugna por el control de la región, y quienes tiraron el puente que les permitía sortear el Río Grijalva y conectar con el resto de los municipios de la Sierra baja, ha orillado a los pobladores a tomar drásticas decisiones.
Aunque las opciones han sido pocas: crear y/o unirse a grupos de autodefensa o huir.
La violencia ha llevado a cientos de pobladores de diversas comunidades a huir hacia Guatemala —desde julio pasado— buscando refugio ante la falta de seguridad.
De igual manera, ante el abandono de la región, los habitantes han recurrido a la creación de grupos de autodefensas en un intento por garantizar su seguridad. Sin embargo, la situación sigue siendo precaria y peligrosa, afirman habitantes de la región.
Por su parte, Luis Abarca, activista del Comité Digna Ochoa, denunció la falta de protección por parte del Ejército mexicano.
“Las Fuerzas Armadas, lejos de garantizar la seguridad de la población, protegen a la delincuencia y a los militares coludidos. El Ejército también ha ejercido violencia hacia la población”, acusó Abarca.
El activista también señala que estas comunidades que están aisladas y sin protección, ahora también están bajo el control total de los cárteles, que someten a la población al reclutamiento forzado y al terror.
“A pesar de la presencia militar, los cárteles actúan libremente”, advirtió Abarca.
Cabe destacar que, el aislamiento de las comunidades no es un fenómeno nuevo. El pasado 17 de octubre, grupos del crimen organizado bloquearon los accesos y carreteras que conectan a los municipios de Tila y Yajalón, al norte de Chiapas, según la queja presentada ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
Durante ese tiempo, cortaron la energía eléctrica y hombres armados recorrieron la zona, sembrando miedo entre los habitantes.
“Termina el sexenio con un gobierno que decidió proteger al crimen organizado, vulnerando derechos humanos de la población de Chiapas”, concluyó Luis Abarca, quien critica la falta de acción de las autoridades para frenar la violencia y proteger a las comunidades atrapadas en un territorio controlado por el crimen organizado.
