CIUDAD DE MÉXICO.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma de pueblos indígenas y afromexicanos impulsada por el Ejecutivo.
La iniciativa es parte del paquete de 20 iniciativas que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso de la Unión el pasado 5 de febrero.
Este miércoles se avaló por unanimidad con 492 votos a favor.
Sin embargo, la oposición hizo observaciones sobre la falta de presupuesto para implementar la reforma así como acusaciones de una visión clientelar en el nuevo texto constitucional.
Aprueban reforma de pueblos indígenas y afromexicanos
De manera unánime se aprobó una reforma al artículo 2° de la Constitución para que se reconozca la personal jurídica y patrimonial propia de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Con la reforma los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas dejan de ser entidades de interés público y se convierten en titulares de derecho y obligaciones jurídicas.
El dictamen de la reforma indica que México tiene una composición pluricultural y multiétnica sustentada originalmente en sus pueblos indígenas.
Estas colectividades conservan, desarrollan y transmiten sus instituciones sociales, normativas, económicas, culturales y políticas, o parte de ella.
En este sentido, la reforma busca el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y las afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
También se reconoce su identidad cultural, con especial atención en el reconocimiento de los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes indígenas y afromexicanos.
Puntos principales de la reforma
Entre otros puntos, el cambio en la ley significa que los pueblos indígenas y afromexicanos tendrán:
El derecho de ser consultados cuando se pretenda implementar alguna reforma o medida administrativa que pueda afectar su vida o entorno
Derecho a decidir conforme a sus sistemas normativos a sus representantes y sus formas internas de gobierno, de acuerdo con la Constitución y las leyes aplicables, y con excepción de no limitar los derechos político-electorales.
Cuando una medida administrativa que se pretenda adoptar beneficie a un particular, sea este el que cubra el costo de la consulta.
Cuando el particular obtenga lucro de la medida administrativa, debe otorgar a los pueblos y comunidades indígenas un beneficio justo y equitativo, en los términos que establezcan las leyes aplicables.
Por último, se establece que será obligación del estado garantizar las condiciones para que los pueblos y comunidades indígenas puedan adquirir, operar, promover, desarrollar y administrar sus medios de comunicación, telecomunicaciones y nuevas tecnologías de la información.
Alertan por falta de presupuesto para aplicar la reforma
El diputado Asael Hernández, del PAN, cuestionó la veracidad de que la reforma se pueda implementar sin impacto presupuestal.
“Si bien la Secretaría de Hacienda afirmó que no habría impacto presupuestal para los ejecutores del gasto, el contrario el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, cuestionó la viabilidad financiera de la iniciativa”.
De la misma bancada, la diputada Genoveva Huerta Villegas, consideró que la reforma “queda mucho a deber”.
“Al iniciar este gobierno poco más de 10 millones padecían alguna carencia ya sea en educación, salud, vivienda, seguridad social, servicios básicos o de alimentación, cuatro años después la cantidad ha aumentado a más de 11 millones”.
Esto según datos del propio Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), dijo la panista.
Pese a los cuestionamientos del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano por dificultades ante la viabilidad de la reforma, los tres partidos de oposición votaron a favor de forma unánime.
