En el estado de Chiapas, al sur de México, grupos criminales como el Cártel de Sinaloa (también identificado como CDS) o el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) utilizan tácticas cada vez más cruentas para consolidar su control territorial, en la guerra que libran y obligan a los pobladores a que se integren a sus filas.
Así, utilizan a la población civil como un recurso estratégico en su guerra contra facciones rivales y las fuerzas de seguridad del Estado, también utilizan para ellos brazos armados como MAIZ, o el llamado Cártel de Chiapas y Guatemala que son grupos de sicarios bajo su servicio para ejecutar acciones de violencia cruda y terror.
Esta situación ya sembró el temor en diversas comunidades, como en Chicomuselo o Pantelhó, donde los ciudadanos se encuentran atrapados entre el fuego cruzado y las demandas de estos grupos, que viven el desamparo de las autoridades locales y federales.
CJNG vs. Cártel de Sinaloa: así obligan a pobladores a ser narcos en Chiapas
Y es que una de las tácticas del CJNG y el Cártel de Sinaloa contra la población en su guerra territorial en Chiapas va desde la colaboración forzada, hasta el uso de los civiles como escudos humanos, de acuerdo con una investigación publicada por InSight Crime.
El uso de la población civil como escudo obligándolos a ralizarbloques de calles u oponerse a la propia autoridad mientras también usan su mano de obra forzada se ha convertido en otra táctica habitual de los grupos criminales que operan en Chiapas.
Un trabajador de derechos humanos entrevistado por InSight Crime, que omitió su nombre por temor, dijo que los grupos criminales obligan a los residentes a participar en bloqueos de carreteras, con el fin de impedir el avance de fuerzas rivales y de las autoridades:
“La gente prácticamente se encuentra forzada a quedarse y colaborar”.
En varios municipios, los grupos criminales han acorralado a los habitantes, negándoles la posibilidad de escapar del conflicto.
Aquellos que intentan huir para evitar el reclutamiento forzado son amenazados con la muerte, promesa que cumplen, pues cada vez es más frecuenten que aparecan asesinadas familias enteras en regiones como la Sierra Mariscal, Fronteriza o la Fraylesca.
Un caso particularmente grave ocurrió en mayo en Nuevo Morelia, una localidad en el municipio de Chicomuselo, donde hombres armados asesinaron a 11 personas, incluyendo a dos líderes religiosos.
Apenas hoy miércole 28 de agosto se supo de una nueva masacre en Bejucal de Ocampo, región Fronteriza en Chiapas, señalan que los hechos ocurrieron el pasado domingo por la madrugada y fueron 10 las personas asesinadas, luego de que un grupo armado ingresó al Barrio Reforma, y obligó a otro desplazamiento forzado de unas 700 personas.
Las víctimas habían rechazado apoyar a los grupos criminales en conflicto, lo que las convirtió en objetivos directos de la violencia.
Miles de familias huyen en Chiapas: desplazamiento forzado
Además del reclutamiento forzado, los grupos criminales han extendido su control sobre la población civil captando a trabajadores especializados, como electricistas, plomeros y otros obreros, para esclavizarlos al servicio de sus operaciones cotidianas, por eso huyen de sus comunidades buscando lugares más seguros.
Un informe publicado en febrero de 2024 por un grupo de organizaciones de derechos humanos documenta que el crimen organizado utilliza la fuerza para obligar a miles de civiles a participar en actos de violencia, mientras que otros son obligados a brindar servicios esenciales para mantener las actividades delictivas en marcha.
La violencia y la coerción ejercidas por estos grupos han resultado en un incremento dramático en el número de personas desplazadas y desaparecidas en la región.
Entre enero y julio de 2024, 12,771 personas abandonaron sus poblaciones en Chiapas, lo que representa un aumento significativo en comparación con las 4,562 víctimas registradas en todo 2023 y refleja el grado extremo de violencia y el terror que los grupos criminales han impuesto en la población, según InSight Crime.
Cártel de Sinaloa contra el CJNG en Chiapas
El conflicto en Chiapas ha sido alimentado por la lucha entre los dos carteles más poderosos de México: el CJNG, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, así como el Cártel de Sinaloa, actualmente dividido en varias facciones, pero la más fuerte la de “Los Chapitos”, comandada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Desde 2021, la incursión del CJNG en municipios fronterizos que anteriormente eran bastiones del Cártel de Sinaloa ha desatado una nueva ola de violencia.
La guerra por el territorio en Chiapas entre los cárteles de las drogas involucra a redes criminales más grandes y poderosas, exacerbando el conflicto con los grupos armados locales que ya operaban en la región.
Los habitantes de Chiapas, especialmente en las áreas más afectadas, desconfían de las fuerzas de seguridad del Estado, que han sido incapaces de frenar la violencia.
A pesar del despliegue de 200 soldados en agosto de 2024, la medida ha tenido un impacto mínimo en la reducción de la violencia y algunos municipios han optado por crear grupos de autodefensa en un intento desesperado por protegerse de las organizaciones criminales.
Esta desconfianza hacia las autoridades tiene raíces históricas en Chiapas, donde la población indígena ha sido tradicionalmente víctima de abusos por parte de las fuerzas de seguridad.
A partir de 1994, el gobierno de México utilizó al ejército y a grupos paramilitares para reprimir el levantamiento zapatista, un conflicto cuyo legado sigue vivo en la región.
Un Carlos Juárez, director para México del Instituto para la Economía y la Paz, defensor de derechos humanos entrevistado por InSight Crime, calificó a las fuerzas de seguridad del Estado como “cómplices” del terror que se vive en algunas comunidades, lo que ha silenciado a la población y ha impedido que se denuncien los delitos y la violencia.
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