BEIRUT (AP).— Hace cuatro años, Helen Ata recibió una llamada de un extraño, informándole que una poderosa explosión en el puerto de Beirut provocó el colapso de su edificio. Sus hermanos quedaron atrapados entre los escombros.
Uno de ellos, Issam, logró sobrevivir, pero quedó con una discapacidad permanente en su pierna derecha. Su hermano gemelo, Abdo, a quien ella consideraba su “otra mitad”, perdió la vida.
“Nunca volveremos a sentirnos seguros”, comentó a The Associated Press, sentada junto a un retrato de Abdo.
El aniversario de la explosión del puerto, conmemorado el pasado domingo, ocurre en un contexto en el cual la región se prepara para posibles represalias tras un ataque israelí que resultó en la muerte de un comandante de alto rango de Hezbollah en Beirut, así como una explosión en Teherán, que muchos atribuyen a Israel y que causó la muerte del líder de Hamás, Ismail Haniyeh. Para muchas personas, el temor a una nueva escalada se mezcla con las heridas aún abiertas de la explosión ocurrida hace cuatro años.
El 4 de agosto de 2020, cientos de toneladas de nitrato de amonio estallaron en un almacén del puerto de Beirut. La enorme explosión sacudió la capital libanesa, causando al menos 218 muertes, de acuerdo con un recuento de la AP, hiriendo a 6,000 más, y devastando extensas áreas de Beirut, generando daños que alcanzan miles de millones de dólares.
El suceso sorprendió a la nación, y la investigación liderada por un juez insatisfecho sobre el incidente ha sacudido la élite gobernante del país, donde la corrupción y la mala gestión son comunes. Sin embargo, años de obstrucciones por parte de funcionarios de alto rango para evitar la rendición de cuentas y hacer que la indagación se estancara han dificultado las esperanzas de justicia.
“Cuatro años después, no hay ni un solo detenido”, afirmó Ata. “Hay un crimen y hay acusados, pero no hay criminales”.
El juez Tarek Bitar es el segundo en liderar la investigación sobre la explosión del puerto. Ha acusado a más de una docena de altos funcionarios políticos, de seguridad y portuarios. La mayoría de las familias de las víctimas que piden justicia lo han respaldado, pero desde el inicio de la indagación, estos altos funcionarios se han negado repetidamente a comparecer para responder preguntas.
Karim Nammour, abogado del grupo de vigilancia libanés, Legal Agenda, declaró que el caso ha impactado a los funcionarios porque ha expuesto los peligros de la “incompetencia criminal” con la que han dirigido el país durante décadas.
Los líderes políticos de Líbano han acusado a Bitar, sin proporcionar pruebas, de tener parcialidad en su investigación, y algunos incluso han exigido su destitución, presentando acciones legales en su contra que han paralizado la indagación.
En un discurso reciente, el embajador australiano en Líbano, Andrew Barnes, afirmó que su país “tiene un particular y fuerte interés en que se lleve a cabo una investigación completa y transparente sobre la explosión”, refiriéndose a Isaac Oehlers, de 2 años, quien murió en el suceso.
“No aceptaremos las numerosas excusas sobre la imposibilidad de continuar con la investigación”.
Cuatros funcionarios judiciales informaron a la AP que el fiscal general del Líbano, Jamal Hajjar, y el juez principal, Suhail Abboud, se reunieron con Bitar en varias ocasiones este año para intentar hallar una forma de alcanzar un acuerdo, conforme a las leyes libanesas, que permita la cooperación de los funcionarios de alto nivel para superar el estancamiento.
Según los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato, Hajjar sugirió que el caso fuera manejado por diferentes tribunales y jueces, limitando a Bitar a investigar a empleados portuarios de rango medio y bajo. Bitar rechazó totalmente la propuesta y la consideró una concesión a la élite gobernante del país, insistiendo en continuar con su indagación, diciendo que estaba decidido a emitir una acusación para fines de año, a pesar de los obstáculos.
Obstáculos
La investigación de Bitar se ha visto limitada de muchas maneras.
En 2023, el entonces fiscal general, Ghassan Oweidat, ordenó la liberación de 17 detenidos —incluidos, funcionarios portuarios y de aduanas— que habían sido arrestados antes del juicio poco después de la explosión, a la espera de los resultados de la investigación. Bitar y otros críticos tildaron la decisión de ilegal.
Este año, dos exministros acusados a quienes Bitar persiguió incansablemente y contra quienes emitió órdenes de aprehensión, Youssef Fenianos y el actual legislador, Ali Hassan Khalil, lograron la suspensión de dichas órdenes mientras el caso continuaba estancado, un hecho que el grupo defensor de los derechos humanos, Amnistía Internacional, calificó como “otro clavo en el ataúd de la justicia”.
“Esto también explica por qué el orden establecido y sus instituciones temen a la justicia y intentan impedir que Bitar lleve el caso”, señaló Nammour, de Legal Agenda. “Porque él persigue a funcionarios de manera que no tiene precedentes en la historia del país”.
Condena Derechos humanos
Diversos grupos de derechos humanos han criticado con firmeza al gobierno libanés.
Principal queja
Se quejan de que el gobierno no colabora con el juez Tarek Bitar, quien está a cargo de la investigación sobre la explosión en el puerto.
Misión internacional
A su vez, un número creciente de personas han respaldado una misión internacional de investigación ordenada por la ONU, ya que creen que ayudará a Bitar y mantendrá la indagación en avance.
Frustración creciente
Los países occidentales, principalmente aquellos que perdieron a ciudadanos en la explosión, han experimentado una creciente frustración con las autoridades libanesas a medida que la investigación se ve bloqueada.
Esta nota Beirut exige justicia apareció primero en Diario de Yucatán.
