Impulsa modificación salarial

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El texto, que fue respaldado de manera unánime, estipula que la compensación total del presidente incluirá todas las percepciones, ya sean monetarias o en especie, y no podrá sobrepasar el equivalente a 73.04 veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización (39,606.36 pesos). Por lo tanto, los ingresos que reciban los ministros de la Suprema Corte, magistrados de Circuito, jueces de Distrito, magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, magistrados electorales y otros trabajadores del Poder Judicial de la Federación no podrán exceder lo asignado al Presidente en el presupuesto correspondiente, y no serán reducidos durante su mandato.

En el cuarto artículo transitorio se destacó que los ahorros generados en los presupuestos de egresos, como resultado de la implementación de las medidas de austeridad republicana y las modificaciones en los salarios de los servidores públicos, se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar.

La reforma establece que no se podrá adquirir ni contratar con recursos públicos bienes o servicios que no sean esenciales, así como jubilaciones, pensiones y regímenes especiales de retiro, separaciones individualizadas o colectivas, fondos de ahorro especiales, seguros de gastos médicos o seguros de vida privados, y otros no previstos por la ley, decreto, disposición general, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo.

Asimismo, aclara que no se consideran parte de la remuneración los gastos sujetos a comprobación, los gastos de viaje en actividades oficiales, servicios de seguridad, y en general, aquellos relacionados con el ejercicio del cargo y que se realicen en el marco de funciones oficiales reglamentadas y autorizadas, incluyendo los de funcionamiento de residencias, sedes, oficinas e instalaciones asignadas, transporte, así como uniformes oficiales, alimentación, protección civil, equipamientos y otros insumos necesarios, salvo los gastos que la ley prohíbe.

En relación con el tema, el diputado panista Jorge Triana manifestó su desaprobación porque no se consideran estos conceptos, además de otros como el fondo de aportaciones de seguridad social, fondo de ahorro, ahorro solidario, prima vacacional, aguinaldo, gratificación y compensación garantizada, prima quincenal, ayuda de despensa, seguro de vida institucional y seguro colectivo de retiro, resaltando que “el presidente de la República tiene una remuneración, según este enfoque constitucional, de casi medio millón de pesos al mes, y esto no se va a incluir”.

Asimismo, expresó que no se respetó el decreto de austeridad emitido durante la pandemia, dado que “el propio gobierno excedió en cuatro veces el gasto en artículos no necesarios, gasto corriente, gasto operativo, totalmente ajeno a la pandemia, no hay austeridad”.

“En la actualidad, 12 secretarios de Estado perciben un salario superior al del Presidente de la República porque no se realizaron los ajustes correspondientes; solo, la persona que ahora ocupa el cargo de Secretario de Energía tiene un ingreso superior al 46% en comparación con el salario del Presidente”, añadió.

De un vistazo

Reorientación de recursos

El diputado Armando Gómez Betancourt (PVEM) expresó que establecer la austeridad republicana como un principio constitucional permitirá reorientar los recursos públicos hacia programas integrales de bienestar y proyectos de infraestructura.

En el ámbito privado

La diputada priista Cinthya López Castro respaldó la reforma constitucional y mencionó que los funcionarios públicos que deseen ganar más que el presidente pueden optar por trabajar en la iniciativa privada. “Allí pueden hacer negocios, emprender empresas, obtener ganancias”, comentó.