Habitantes de Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, reanudaron sus actividades tras los hechos violentos registrados desde el fin de semana, aunque aún con zozobra ante nuevas amenazas de violencia.
La aparente tranquilidad ganada el martes por la tarde por el Gobierno de Guerrero, luego de llegar a acuerdos de obra pública con campesinos que fueron movilizados por los dirigentes que el Gobierno federal relacionó con el grupo delictivo “Los Ardillos”, se rompió la medianoche del martes con el asesinato de dos exfuncionarios municipales.
Los acribillados fueron el exregidor del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Oscar Garibay y su primo el exdirector de la Juventud Iván Domínguez (2018-2021), quienes fueron atacados en una taquería de su propiedad, ubicada en la céntrica avenida Juan Álvarez.
Este miércoles poco después de las 14:00 h del tiempo local fue incendiada la camioneta de servicio mixto 154 de Chilpancingo en la ciudad de Tixtla, en donde se reportó el asesinato del conductor.
A raíz de eso el servicio de transporte público de la ruta Chilpancingo-Tixtla se ha suspendido, así como a la comunidad de Petaquillas, uno de los bastiones de ese grupo delictivo. También está suspendido el servicio público hacia el municipio de Quechultenango y la comunidad de Colotlipa.
Esta mañana integrantes de la dirigencia estatal del PRD acusaron a la alcaldesa, Norma Otilia Hernández Martínez, de ser la principal generadora de violencia en la región por su relación con ese grupo delictivo y exigieron su renuncia.
Esto luego de que se filtró una segunda parte del video donde se ve a Hernández Martínez en una reunión con el jefe del grupo delictivo “Los Ardillos”.
En una conferencia de prensa afuera del ayuntamiento, el dirigente Alberto Catalán Bastida aseguró que la violencia en Chilpancingo se detonó y ha ido a la alza luego de la filtración del video de la reunión de la alcaldesa, y dijo que no cree que reunirse con él sea para algo bueno.
Expresó que es necesario que la presidenta dé la cara y se separe de su cargo para que no utilice toda la maquinaria del ayuntamiento para lavarse las manos y cuidar su reputación, y anunció que solicitarán que se inicie un juicio político en su contra mediante su fracción en el Congreso del Estado.
El caos en Guerrero refleja una ola de violencia en el sur de México, donde apenas el pasado 27 de junio, criminales secuestraron a un grupo de 16 funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública en el estado de Chiapas, aunque los liberaron días después.
Con información de EFE
