En una reciente sesión parlamentaria del segundo periodo ordinario de sesiones de la XVII Legislatura, celebrada el 14 de mayo, la fracción parlamentaria de MORENA presentó una iniciativa para abrogar la Ley de Imagen Institucional del Estado de Quintana Roo. Esta acción, llevada a cabo sin el proceso legislativo adecuado, es una muestra alarmante de improvisación y falta de consideración por los principios democráticos y constitucionales.
La justificación detrás de esta iniciativa se basa en una reforma al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en la administración de los recursos públicos. Sin embargo, la abrogación de la Ley de Imagen Institucional deja un vacío institucional significativo, ya que no se propuso ninguna alternativa para garantizar el cumplimiento de estos principios.
Es evidente que esta acción legislativa se ha llevado a cabo por motivos políticos más que por una verdadera preocupación por la eficiencia administrativa y el buen uso de los recursos públicos. Al eliminar una ley que buscaba prevenir la utilización de imágenes partidistas en las funciones de gobierno, se abre la puerta a prácticas que podrían comprometer la imparcialidad y la equidad en la competencia política.
Es especialmente preocupante que esta iniciativa haya sido impulsada en un momento cercano a las elecciones, lo que sugiere un intento de obtener réditos políticos sin considerar el impacto negativo en la institucionalidad y la transparencia. La premura por quedar bien con los partidos políticos aliados y la falta de reflexión sobre las consecuencias a largo plazo demuestran una falta de responsabilidad por parte de los legisladores.
Es importante destacar que los principios de imparcialidad y transparencia ya están establecidos en la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, incluso con mayor precisión que en la Constitución Federal. Por lo tanto, la abrogación de la Ley de Imagen Institucional resulta redundante y contraproducente.
Además, la promesa de la legislatura de aprobar una Ley de Austeridad para un mejor uso de los recursos públicos ha sido relegada, lo que demuestra una falta de coherencia y compromiso con las prioridades legislativas.
En vista de lo anterior, es crucial que el Poder Ejecutivo considere vetar esta iniciativa o que, en su defecto, se abstenga de publicar el decreto correspondiente. La voluntad política debe prevalecer en favor del interés público y la estabilidad institucional.
Es preocupante observar que varios de los diputados que aprobaron esta iniciativa de abrogación están buscando su reelección, lo que plantea interrogantes sobre sus verdaderas motivaciones y su compromiso con el bienestar de la sociedad.
La nueva ocurrencia de la XVII Legislatura de Quintana Roo representa un retroceso en términos de transparencia, imparcialidad y buen gobierno. Es fundamental que los legisladores actúen con responsabilidad y respeto por los principios democráticos, en lugar de ceder a intereses partidistas y electorales a corto plazo.
