El 9 de abril se abrió una investigación contra el expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, a raíz de una denuncia anónima, aquí las claves del caso, de qué delitos lo acusan y qué pruebas presentan.
El hecho sacudió no sólo al Poder Judicial de la Federación (PJF), sino al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues la denuncia devela un entramado de corrupción donde personajes muy allegados al Presidente operarían acciones para torcer la ley en diversos litigios relacionados con obras emblemáticas de la actual administración.
Además, la indagatoria del caso Arturo Zaldívar, exministro de la SCJN, propone recolectar ocho tipos de pruebas para confirmar que todos los delitos que se acusan son verdad.
Cuando la titular de la Suprema Corte, Norma Piña, recibió la denuncia que comprende 32 hojas, ordenó abrir la investigación número J/108/2024, cuyo acuerdo de apertura acuerdo oficial se fechó el 9 de abril; y ahora se ha desatado una andanada oficialista para denostarla y pedir juicio político contra ella.
Caso Arturo Zaldívar: claves de la denuncia
A Arturo Zaldívar se le acusa de haber ejercido presiones indebidas sobre jueces y magistrados para obtener tanto resoluciones favorables a sus intereses políticos, así como múltiples beneficios económicos, en el periodo de 2019 a 2022.
La denuncia enfatiza que esta trama corrupta se forjó a partir de la colaboración de Zaldívar con el entonces consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra, a quien acusan de cabildear políticamente para que el exministro presidiera la Corte.
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Se estableció un modus operandi donde asuntos que se consideraban de interés político o económico para los implicados, eran derivados a despachos cercanos al exconsejero jurídico.
Scherer, Alpízar, reuniones” con un “selecto” grupo de 18 jueces
El principal brazo operativo de los acuerdos entre Scherer y Zaldívar era Carlos Antonio Alpízar Salazar, ex jefe de la oficina de la presidencia con AMLO de la Corte y actual funcionario de la Secretaría de Gobernación.
A Carlos Antonio Alpízar Salazar lo señalan por ejercer coacción sobre operadores del sistema de justicia que estaban a cargo de los casos que interesaban de relevancia para los involucrados.
Uno de los puntos que se describen con mayor detalle, es la realización de reuniones en un rancho propiedad de Alpízar, así como en diversos restaurantes, con un “selecto” grupo de 18 jueces que estaban vinculados con casos relevantes en materia de delincuencia organizada, lavado de dinero o corrupción, y que eran de especial interés para el Ejecutivo Federal que encabeza López Obrador.
En esas reuniones presionaban a jueces para que resolvieran en ciertos sentidos, a cambio de beneficios como ascensos o promociones.
La denuncia detalla los nombres de los asistentes a dichas reuniones, entre los que figuran los de Jesús Delgadillo Padierna e Iván Zeferín, quienes recibieron ascensos a magistrados tras su involucramiento en casos como La Estafa Maestra o Cabeza de Vaca.
Netzai: cuotas y amparos
A esa trama de presiones y extorsiones, se suma una relacionada con la del Instituto Federal de la Defensoría Pública que estuvo a cargo de Netzaí Sandoval, quien actualmente labora como jefe de ponencia de la ministra Lenia Batres.
Según el escrito, además de haber usado a los abogados de dicho instituto para privilegiar los casos de índole política o económica, se estableció un supuesto pago de cuotas para obtener plazas, que se materializaba exigiendo una fracción del sueldo a los beneficiados, o en algunos casos con la entrega de bonos y aguinaldos.
Eso causó la llegada de personal sin experiencia. Incluso señalan que se creó una unidad de peritos que en realidad fue una fachada, pues la ocuparon personas sin la experiencia suficiente, cuya participación en procesos fue casi nula, pero que estaban comprometidas con los pagos corruptos.
De acuerdo con la denuncia, Netzaí Sandoval operó para que ningún defensor público federal participara en la tramitación de amparos relacionados con la falta de atención médica durante la pandemia sanitaria del Covid, para no generar una percepción negativa del gobierno federal.
Y en contraparte, impulsaban a los defensores a promover amparos improcedentes sólo para inflar las estadísticas de la defensoría y generar una percepción de que se impulsaba una defensa adecuada.
Delitos del caso Arturo Zaldívar?
Entre los delitos de los que acusan a Arturo Zaldívar y allegado son violencia sexual, cohecho, desvío de recursos públicos, abuso de funciones y enriquecimiento ilícito, entre otros.
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¿Cuáles son las pruebas clave del caso Arturo Zaldívar?
En el escrito presentado ante el CJF, los denunciantes proponen a los investigadores la recopilación de ocho tipos de pruebas en específico que, aseguran, corroborarán cada uno de los aspectos denunciados en todo el escrito.
Lo anterior forma parte de la lista de evidencias que se han propuesto recabar al Consejo de la Judicatura Federal para probar los posibles hechos de corrupción de los que se acusa al exministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, y a varios de sus allegados.
Ello sumado a datos en fuentes abiertas (reportajes, libros, etc) que ya se han revelado en los últimos años. Las evidencias que se proponen recabar son:
- Recopilación de testimonios de todos los operadores del sistema de justicia que se mencionan para dar plena validez, de que los hechos ocurrieron tal como se ha narrado.
- Los expedientes de los procesos en los que participaron los operadores señalados para verificar su intervención en esos asuntos y sentido de resoluciones.
- Declaraciones patrimoniales y cuentas bancarias de todos los denunciados, con la finalidad de verificar la incongruencia entre sus ingresos con sus gastos y estilo de vida.
- El expediente laboral de todos los implicados para verificar su historia laboral y movimientos realizados.
- El registro de ingreso y egreso de los visitantes al edificio sede del CJF, y en especial de los que acudieron al piso 14.
- El registro de ingreso al edificio del Instituto de la Defensoría Pública.
- Documentos consistentes en la lista de personas propuestas para el CJF en 2021, y de las propuestas para el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en 2023.
- Revisión de las adscripciones sucedidas entre 2019 y 2022 en los circuitos de CDMX, Estado de México, Guadalajara y Monterrey.
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