Ciudad de México, 13 de noviembre de 2026.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno investiga a Servicios Broxel, S.A.P.I. de C.V. por presuntos conflictos de interés y pagos en exceso en contratos públicos durante 2025. La empresa, que emitió monederos electrónicos a diputados federales de Morena, enfrenta señalamientos por adeudos millonarios con 39 dependencias gubernamentales.
De acuerdo con el oficio oficial, Broxel obtuvo contratos por más de 10 mil millones de pesos en 2025, principalmente para el suministro de vales electrónicos de despensa a más de 150 entidades federales y al gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo, se detectaron pagos superiores a lo pactado, con requerimientos de devolución por 29.4 millones de pesos que aún no se han completado.
La investigación reveló un posible conflicto de interés entre el representante legal de Broxel, Karlo Gerardo Siliceo Valdespino, y su hermano Miguel Sergio Siliceo Valdespino, funcionario de alto nivel en la Secretaría de Hacienda y quien mantiene relación laboral con Bancomext. Esta situación ha generado dudas sobre la legalidad en la adjudicación de contratos.
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Contratos y pagos en exceso de Broxel en 2025
La Secretaría Anticorrupción detalló que Broxel recibió recursos públicos en condiciones distintas a las ofertadas inicialmente, lo que podría constituir infracciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Además, la empresa solicitó un crédito por 4 mil 200 millones de pesos a Bancomext para obtener liquidez, pero la solicitud fue rechazada debido a los riesgos legales y financieros detectados.
El análisis oficial indica que Broxel depende en gran medida de contratos públicos para sus ingresos, lo que pone en riesgo su capacidad financiera ante posibles sanciones o inhabilitaciones. De ser sancionada, la empresa podría quedar vetada para futuros contratos con el gobierno federal.
Impacto y posibles sanciones por conflicto de interés
Norma Julieta del Río, excomisionada del INAI, advirtió que el caso Broxel podría ser similar a redes de conflicto de interés detectadas en otras instituciones públicas. Señaló que, de comprobarse irregularidades, el funcionario de Hacienda involucrado podría ser sancionado e inhabilitado.
La experta destacó que Broxel ya enfrenta múltiples sanciones y que la investigación busca evitar que la empresa continúe accediendo a contratos públicos. Este caso pone en evidencia la importancia del periodismo de investigación para destapar posibles actos de corrupción en la administración pública.
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