Ciudad de México, 12 de noviembre de 2026.- La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que no tiene información sobre la salida del país de Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), ni del contratista José Alfredo Hernández Casillas.
Durante su conferencia, Sheinbaum señaló que la oposición busca desacreditar la elección federal de 2027 debido a su baja credibilidad en las encuestas. Aclaró que la información migratoria de Taddei es confidencial y no puede hacerse pública, pero reiteró que no hay datos que confirmen que haya abandonado México.
La mandataria también sostuvo que el problema de los monopolios en el INE tiene antecedentes que datan desde 1999, mucho antes del periodo de Taddei. Enfatizó que la polémica actual responde a un ataque dirigido tras las denuncias sobre contratistas vinculados a gobiernos anteriores, incluyendo el de Carlos Salinas de Gortari.
Contexto y antecedentes del caso INE
Sheinbaum recordó que la exconsejera presidenta proviene del periodo del exconsejero Lorenzo Córdova y que Morena no está involucrado en las irregularidades. Además, destacó que el Instituto Federal Electoral y el INE han enfrentado cuestionamientos por fraudes y compra de votos en elecciones pasadas, como en 2006 y 2012.
La jefa de Gobierno insistió en la necesidad de una investigación profunda sobre los contratistas que han generado un monopolio con precios elevados en los procesos electorales estatales desde 2014. También mencionó la importancia de garantizar la transparencia y legalidad en la elección de 2027.
Garantías para las elecciones de 2027
Sheinbaum aseguró que las elecciones del próximo año están garantizadas y que corresponde al INE y a la Cámara de Diputados elegir a la nueva presidenta del organismo. Subrayó que el objetivo de la oposición es desacreditar el proceso electoral debido a su baja aceptación.
Finalmente, reiteró que el caso de corrupción no es exclusivo del periodo de Taddei y que debe investigarse a fondo para esclarecer el origen de los contratos y la participación de actores políticos vinculados a estos hechos.
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