
Ciudad de México, 5 de noviembre de 2026.- El presidente del Senado, Higinio Martínez Miranda, cuestionó la orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que el Instituto Nacional Electoral (INE) revise el uso del color guinda en los uniformes de los “Servidores de la Nación”.
Martínez Miranda consideró que esta medida es excesiva y que el uso de prendas con un color específico no debe interpretarse automáticamente como una conducta partidista o una forma de inducción política.
El legislador de Morena explicó que portar chalecos, gorras o camisetas guindas no implica una promoción electoral ni identifica a una persona con un partido político. “Me parece exagerado señalar que por el color de la ropa haya una inducción política”, afirmó.
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Crítica a la interpretación del color guinda en uniformes
Martínez Miranda señaló que, si se aplicara ese criterio, también habría que cuestionar otros elementos de la vestimenta, como zapatos o pantalones, lo que consideró un exceso. Añadió que, salvo quienes usan uniformes institucionales como seguridad pública, las personas deberían tener libertad para usar prendas de cualquier color.
El senador ironizó sobre la asociación automática de colores con partidos políticos: “Si vengo vestido de azul, ¿me van a acusar de panista?”, dijo. Por ello, insistió en que el color de la ropa no debe ser un indicador para presumir conductas partidistas.
Implicaciones y postura frente al TEPJF
Ante cuestionamientos sobre si el Tribunal Electoral se extralimitó, Martínez Miranda respondió que considera que sí. Su postura refleja un debate sobre la regulación del uso de colores en la vestimenta de funcionarios durante la entrega de programas sociales, tema que ha generado controversia en el ámbito político y electoral.
La revisión ordenada por el TEPJF busca evitar que los apoyos gubernamentales se asocien con Morena, pero el presidente del Senado advierte que esta interpretación puede ser exagerada y limitar la libertad de expresión de los servidores públicos.
Esta discusión se da en un contexto donde los uniformes y colores políticos son objeto de análisis para garantizar procesos electorales transparentes y evitar el uso indebido de recursos públicos.
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