Ciudad de México, 5 de noviembre de 2026.- El Gobierno federal presentó una investigación que revela la existencia de una red empresarial que ha obtenido contratos millonarios con organismos electorales durante al menos 27 años. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre este análisis en su conferencia matutina.
La mandataria explicó que la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, fue la encargada de dar a conocer el estudio elaborado con base en fuentes abiertas. Este documento detalla el origen de la red, sus vínculos laborales y cómo ha ampliado su presencia en las contrataciones de instituciones electorales.
Sheinbaum destacó que esta red no surgió con los contratos recientes otorgados durante la gestión de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral (INE). Por el contrario, tiene antecedentes desde la década de 1990, cuando comenzó a contratar con el Instituto Electoral del Estado de México.
Asimismo, la presidenta recordó el escándalo de 2005 y señaló que el grupo se fortaleció mediante relaciones entre empresarios y funcionarios electorales que han transitado por distintos organismos a lo largo de los años. También mencionó que Taddei fue nombrada presidenta del organismo electoral de Sonora en 2014, durante el gobierno de Guillermo Padrés y en el periodo en que Lorenzo Córdova encabezaba el INE.
Acciones legales y financieras contra la red empresarial
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) acompañó la presentación de la investigación y decidió inmovilizar algunas cuentas bancarias relacionadas con esta red. Esta medida se tomó a partir de denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que detectó irregularidades en las contrataciones.
La presidenta Sheinbaum señaló que solicitó esta investigación tras los señalamientos sobre estas contrataciones. La secretaria Buenrostro explicó los antecedentes y la evolución de esta red empresarial, que ha mantenido contratos millonarios con organismos electorales durante casi tres décadas.
Impacto y seguimiento de la investigación
Este caso representa un nuevo capítulo en los escándalos relacionados con contrataciones públicas en México. Hasta ahora, en ocho años de la actual administración, se han registrado 15 escándalos similares, con pocas consecuencias legales para los involucrados.
El seguimiento de esta investigación y las acciones legales que se deriven serán clave para determinar responsabilidades y evitar que este tipo de redes continúen operando en instituciones públicas.
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