10 de Octubre del 2025.- A once años de la trágica noche de Iguala, la Fiscalía General de la República (FGR) ha dado un paso significativo en la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Este jueves, agentes federales, en conjunto con el Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad, llevaron a cabo el aseguramiento del Servicio Médico Forense (Semefo) y dos funerarias locales, El Ángel y Rueda. Esta acción judicial refuerza una de las líneas de investigación más importantes del caso, que apunta al posible uso de hornos crematorios para desaparecer los cuerpos de los estudiantes.
El operativo, que se desarrolló con gran hermetismo, fue encabezado por la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA). En los accesos de los inmuebles intervenidos se colocaron sellos oficiales que mencionan delitos de desaparición forzada y contra la salud, vinculados a una carpeta de investigación iniciada en 2020. Con esta medida, las autoridades impiden el acceso a los lugares y la manipulación de cualquier evidencia, como documentos, expedientes o restos humanos que pudieran encontrarse en el interior, congelando la escena para un análisis forense exhaustivo.
La Conexión Funeraria y el Horno Crematorio
El foco de la investigación se centra en la funeraria El Ángel, ubicada en la comunidad Rancho del Cura, la cual es de particular interés por contar con un horno crematorio. Las indagatorias han revelado que este negocio, junto con la funeraria Rueda y la concesión del Semefo de Iguala, estarían vinculados al mismo propietario, el empresario Rodolfo Rueda Mazón. Esta conexión entre la morgue oficial y un crematorio privado ha levantado serias sospechas sobre una posible red utilizada para la incineración clandestina de cuerpos, una hipótesis clave en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La acción de la FGR sugiere que se está investigando activamente si estas instalaciones fueron utilizadas la noche del 26 de septiembre de 2014, o en días posteriores, para incinerar los restos de los jóvenes estudiantes. Aunque el Semefo y la funeraria El Ángel se encuentran en edificios distintos, su cercanía física, a tan solo 270 metros de distancia, y su vínculo administrativo, facilitaría una operación coordinada para mover cuerpos sin dejar rastro. Las autoridades no han descartado que otros inmuebles relacionados con los mismos dueños también estén bajo investigación federal.
Un Vuelco a la «Verdad Histórica»
Este operativo representa un giro fundamental y un distanciamiento definitivo de la llamada «verdad histórica», la versión oficial presentada en 2015 por la entonces Procuraduría General de la República (PGR), dirigida por Jesús Murillo Karam. Aquella narrativa sostenía que los estudiantes fueron asesinados e incinerados en un basurero a cielo abierto en el municipio de Cocula, una versión que fue científicamente refutada. El aseguramiento de los crematorios en Iguala valida la hipótesis que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) planteó desde 2015 al gobierno de Enrique Peña Nieto.
Mientras esta nueva línea de investigación avanza en Guerrero, otras piezas clave del rompecabezas siguen sin moverse. La embajadora de Israel en México confirmó este mismo jueves que no existen avances en la extradición de Tomás Zerón de Lucio, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal. Zerón es una figura central en la construcción de la «verdad histórica» y está acusado de tortura para obtener confesiones que respaldaran esa versión, por lo que su captura es fundamental para esclarecer por completo el caso de la desaparición de los 43 normalistas.
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