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16 Vinculados a Proceso por Agresiones, Hostigamiento y Falta de Pago de Pensión Alimenticia

PMCC by PMCC
noviembre 13, 2025
in Benito Juárez, Destacado, Fiscalía del estado, Locales, Portada, Principal
Tiempo de lectura: 4 mins de lectura
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La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo ha fortalecido su combate contra los delitos que impactan directamente a mujeres, niñas, niños y adolescentes. En un periodo comprendido del 27 de octubre al 9 de noviembre de 2025, la FGE informó que logró un total de 16 vinculaciones a proceso contra varones por su probable participación en delitos graves como violencia familiar e incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar. Adicionalmente, dos personas más fueron detenidas y puestas a disposición del Juez de Control.

Este esfuerzo concentrado de la Fiscalía abarcó múltiples municipios del estado, incluyendo Benito Juárez, Playa del Carmen, Felipe Carrillo Puerto, Cozumel, José María Morelos y Othón P. Blanco. Las vinculaciones se dictaron por diversas conductas, desde agresiones físicas severas y amenazas hasta omisiones graves que afectan tanto el derecho a una vida libre de violencia como la seguridad económica de las víctimas.

Primer Grupo: Agresiones Físicas y Amenazas de Muerte

El primer grupo de vinculados a proceso está conformado por aquellos acusados de agresiones físicas severas y amenazas de muerte dentro del núcleo familiar. La Fiscalía constató en sus investigaciones que los hechos incluyen golpes, estrangulamiento, uso de objetos contundentes y ataques perpetrados incluso frente a menores de edad, lo que agrava aún más su situación legal. Entre los imputados en este grupo se encuentran Jhonatan “N”, Isaías “N”, Ramiro “N”, Johan Víctor “N”, Carlos Jeovany “N”, Anastasio “N”, Daniel “N”, Roger Rafael “N” y Jaime Leonardo “N”. Es importante destacar que cuatro de ellos —Johan Víctor “N”, Daniel “N”, Roger Rafael “N” y Ramiro “N”— quedaron sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva justificada por un año, dada la gravedad de sus actos.

Segundo Grupo: Hostigamiento, Acoso y Violencia Psicológica

Un segundo conjunto de imputados fue vinculado a proceso por ejercer violencia psicológica, hostigamiento y acoso, a menudo con amenazas e incluso en presencia de niñas y niños, lo que constituye una afectación psicológica directa y duradera a los menores. Los casos dentro de este grupo incluyen a Humberto Gabriel “N”, Edwin Alejandro “N”, Carlos Eduardo “N” y Henry “N”. Este tipo de violencia familiar, aunque no siempre deja marcas físicas evidentes, tiene un profundo impacto negativo en la salud mental y emocional de las víctimas, y la FGE ha tomado medidas contundentes para perseguirla.

Tercer Grupo: Incumplimiento de Pensión Alimenticia y Deudas Millonarias

El tercer grupo de vinculados lo conforman aquellos que han fallado en cumplir con sus obligaciones de asistencia familiar. Se trata de delitos derivados de la omisión del pago de pensión alimenticia, una conducta que pone en riesgo la seguridad económica de los dependientes. Los casos detectados arrojaron deudas acumuladas por periodos que van desde 2020 hasta 2025. Los imputados en este segmento son Noé Israel “N”, Jesús Javier “N” y Fidel “N”, cuyos adeudos ascienden en un caso hasta los $107,300 pesos. Paralelamente, Ángel Alberto “N” y Rogelio “N” fueron detenidos por órdenes de aprehensión por delitos similares y puestos a disposición del Juez de Control.

La FGE Prioriza la Prisión Preventiva en Casos Graves

Un dato clave que refleja el endurecimiento de la FGE contra estos delitos es la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada por el término de un año para cuatro de los imputados (Johan Víctor “N”, Daniel “N”, Roger Rafael “N” y Ramiro “N”). Esta medida, reservada para los casos más graves de violencia familiar, no solo garantiza que los imputados enfrenten su proceso en reclusión, sino que también ofrece un respiro inmediato y una protección física a las víctimas, que en muchas ocasiones son agredidas por sus parejas o exparejas. Al priorizar la prisión preventiva, la Fiscalía busca enviar un mensaje disuasorio claro y directo: la violencia contra mujeres, niñas y niños tendrá consecuencias severas en Quintana Roo.

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