#Chetumal, Quintana Roo, 12 de agosto de 2025.– El Instituto Electoral de Quintana Roo (#IEQROO) revocó la constancia de mayoría y validez emitida a favor de Iván Manuel Ayuso Osorio, quien había sido electo como Juez de Control y Penal Tradicional en materia penal. La decisión se tomó debido a que el ciudadano no presentó el informe único de gastos de campaña, requisito obligatorio para la validez del registro.
El Consejo General del IEQROO, en sesión extraordinaria con carácter de urgente, actuó en cumplimiento de la resolución INE/CG975/2025 del Instituto Nacional Electoral. En su dictamen, se declaró vacante el cargo asignado a Ayuso Osorio, dejando sin efecto su nombramiento como juez en el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial 2024-2025 en Quintana Roo.
Omisión de informe de gastos de campaña. La Comisión de Fiscalización presentó al Consejo General del IEQROO un dictamen consolidado en el que se apreciaron irregularidades en los informes únicos de gastos de campaña de las personas candidatas a juzgadoras. La omisión del informe por parte de Ayuso Osorio motivó la sanción y la cancelación de su registro.
El IEQROO reiteró la importancia de cumplir con todos los requisitos legales durante los procesos electorales, señalando que la transparencia en el uso de recursos durante las campañas es fundamental para garantizar la confianza pública y la integridad del sistema judicial y electoral.
Impacto y procedimiento siguiente. La vacante generada por esta decisión deberá ser cubierta conforme a los mecanismos previstos en la normatividad vigente, garantizando que el cargo de Juez de Control y Penal Tradicional sea ocupado por una persona que cumpla con todos los requisitos legales y de transparencia. Este caso también sirve como precedente para futuras elecciones de personas juzgadoras en Quintana Roo.
Como valor agregado, especialistas en derecho electoral señalan que estas medidas refuerzan la fiscalización y la rendición de cuentas en los procesos de selección de jueces, asegurando que los cargos públicos sean ocupados por candidatos que cumplan estrictamente con la ley, fortaleciendo la confianza en las instituciones judiciales y electorales del estado.
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