Un funcionario público de Jalisco fue destituido tras ser captado orinado en la vía pública y profiriendo insultos hacia mujeres que lo confrontaron. El incidente provocó indignación ciudadana, y en cuestión de horas las autoridades confirmaron su separación del cargo. El titular estatal de Trabajo y Previsión Social subrayó: “No toleraremos prepotencia ni agresiones de servidores públicos.”
Olvidando su investidura, el servidor público se exhibió en actitud bochornosa frente a quienes denuncian acoso y violencia. Su conducta fue grabada y ampliamente difundida en redes, lo que aceleró la sanción institucional. La Secretaría estatal señaló que el caso será revisado y se aplicarán medidas estrictas conforme a la legislación vigente.
Situaciones semejantes han ocurrido en otros estados. En Monclova, Coahuila, otro funcionario fue apartado mientras enfrenta una investigación por presentarse ebrio en su trabajo y presunta conducta corrupta ligada a un prostíbulo local. La contraloría local informó que su suspensión es provisional y sin goce de sueldo.
Estos casos evidencian una tendencia alarmante: servidores públicos ejerciendo funciones en estado de ebriedad o incurriendo en conductas impropias, lo cual genera críticas sobre la falta de profesionalismo y responsabilidad institucional.
La viralización del video provocó una ola de reacciones en redes sociales. Usuarios exigieron una sanción ejemplar y recordaron que los servidores públicos deben ser ejemplo de civilidad, no protagonistas de actos bochornosos. “No sólo es una falta de respeto hacia la ciudadanía, también es una forma de violencia hacia las mujeres que lo enfrentaron y fueron insultadas”, escribió una usuaria en X (antes Twitter).
Este tipo de comportamientos no son aislados, sino reflejo de una falta de controles internos, ética y capacitación en el ejercicio del servicio público. Especialistas en administración pública han advertido que el consumo de alcohol entre funcionarios durante horarios laborales no solo constituye una falta grave, sino que socava la confianza de la población en las instituciones.
Organizaciones feministas también se pronunciaron tras conocer los hechos, señalando que los insultos hacia las mujeres que grabaron el incidente configuran una forma de violencia verbal y simbólica, algo que debe ser sancionado más allá de lo administrativo. “La impunidad con la que actúan algunos funcionarios refleja la normalización de la misoginia en ciertos sectores del gobierno”, señaló un colectivo local.
Además, el hecho revive el debate sobre la responsabilidad pública, la transparencia en la función gubernamental y la urgencia de filtros más estrictos en los procesos de selección y permanencia de funcionarios. La ciudadanía no solo exige sanciones, también pide garantías de que estas conductas no se repetirán.
