
La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), en conjunto con sus 71 Centros Empresariales a nivel nacional, ha emitido una enérgica condena por el cobarde asesinato de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, Presidente Municipal de Uruapan, Michoacán. Este trágico suceso no solo enluta a una familia y a la comunidad de Uruapan, sino que constituye una grave afrenta al Estado de Derecho y a la frágil paz social que la ciudadanía mexicana demanda. La organización empresarial extiende su más sentido pésame y profunda solidaridad, al tiempo que recalca la creciente violencia que afecta a diversas regiones, minando la confianza en las instituciones.
Ante este crimen, el sector productivo ha alzado la voz para exigir a las autoridades, en sus tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), una investigación inmediata, profesional y, sobre todo, transparente. COPARMEX subraya que la impunidad no puede ser la norma en delitos cometidos contra servidores públicos, empresarios, periodistas y la ciudadanía en general. El cumplimiento de la responsabilidad indeclinable del Estado mexicano de garantizar la seguridad y el orden es indispensable para preservar la gobernabilidad y asegurar un entorno propicio para el desarrollo económico y social del país.
Llamamiento a la Coordinación y Carencias de las Policías Locales

El trágico incidente en Uruapan pone nuevamente sobre la mesa la urgente necesidad de construir una estrategia nacional de seguridad que sea verdaderamente integral, coordinada y con un enfoque primario en la prevención. La COPARMEX recordó que, en su reciente Foro de Seguridad 2025, el propio Secretario de Seguridad de Uruapan, General Francisco Nieto, expuso públicamente las serias carencias que enfrentaba el municipio en términos de armamento, capacitación y vehículos. Resaltó que, precisamente por ello, el extinto Presidente Municipal Carlos Manzo había iniciado un proceso de depuración y fortalecimiento policial.
Estos hechos son un claro reflejo de la crisis que vive la seguridad en el país y evidencian la urgencia de redoblar esfuerzos en todos los ámbitos gubernamentales. La Confederación insiste en que el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Michoacán deben asumir su responsabilidad directa e ineludible en la recuperación de la seguridad. No se puede permitir que la población civil, ni los servidores públicos que trabajan por sus comunidades, vivan bajo la constante amenaza de la violencia del crimen organizado y la inseguridad cotidiana.
Demandas del Sector Productivo y Urgencia de Reunión Inmediata
La COPARMEX no solo exige justicia, sino que ha demandado una reunión inmediata del sector productivo y de diversas asociaciones civiles con las cabezas de la seguridad nacional y estatal: el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, el Gobernador del estado y su gabinete de seguridad. El objetivo es claro: obtener explicaciones directas sobre lo que está ocurriendo, conocer las acciones concretas que se están implementando y los resultados esperados a corto y mediano plazo. La comunicación y la colaboración son esenciales para restablecer la confianza y la gobernabilidad.
El asesinato del alcalde se suma a una reciente ola de hechos violentos en Michoacán y otras partes del país, que han cobrado la vida de líderes sociales y representantes del sector productivo. Estos ataques confirman la extrema gravedad de la crisis de seguridad en la nación y subrayan la urgencia de frenar la violencia y garantizar condiciones mínimas de seguridad para todos los ciudadanos. COPARMEX y sus 71 Centros Empresariales refrendan su compromiso con la legalidad, la justicia y el fortalecimiento institucional, reiterando que México no puede ni debe acostumbrarse a la violencia.
Como parte de su compromiso por impulsar una solución, COPARMEX ha abogado consistentemente por la implementación del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica. Esta propuesta de valor busca específicamente profesionalizar, dignificar y capacitar a las policías locales de manera integral, asegurando que cuenten con mejor remuneración, estén más cercanas a la ciudadanía y operen bajo un mando civil bien definido. La insistencia de COPARMEX en este modelo radica en la convicción de que las policías municipales son la primera línea de defensa de la ciudadanía y, al mismo tiempo, el cimiento más débil del actual esquema de seguridad, siendo un punto crucial para frenar la inseguridad desde la base.







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