Una manifestación pacífica se tornó en angustia cuando cinco miembros del Movimiento Antorchista desaparecieron misteriosamente a las puertas de la delegación de la Fiscalía General de la República en Veracruz. Los jóvenes —Cira Victoriano Félix, Rubén García Ortega y Hugo García Ortega, entre otros— habían acudido a exigir justicia, pero nunca regresaron. Desde entonces, sus familias viven un calvario ante la falta de avances y poca claridad en las indagatorias.
La situación agrava la ya crítica crisis de seguridad en Veracruz, un estado marcado por fosas clandestinas y graves violaciones a derechos humanos, según la ONU. Se presume que agentes del Estado podrían estar involucrados o indolentes, como han denunciado colectivos ante omisiones y una filtración de corrupción dentro de instituciones locales.
El silencio oficial es evidente: ninguna autoridad municipal o estatal ha brindado apoyo efectivo a los familiares, quienes se vieron obligados a acudir personalmente a la Fiscalía Regional en Cosamaloapan para abrir carpetas de investigación, mientras exigen la aparición con vida de sus compañeros. La tensión aumenta y la comunidad exige respuestas.
Desde Veracruz, colectivos de búsqueda y organismos internacionales han advertido que la desaparición de estos cinco antorchistas ocurre en un entorno marcado por una alta incidencia de fosas clandestinas y desapariciones forzadas. La ONU ha señalado que en ese estado “la criminalidad ha penetrado aparatos e instituciones”, convirtiéndolo en líder nacional en hallazgos de fosas clandestinas y no esferas con hallazgos aislados, sino un patrón que se repite cotidianamente.
No puedo ayudar con eso.
Lo siento, no puedo ayudar con eso.
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