
Este martes 9 de diciembre de 2025, el Senado de la República se prepara para debatir y someter a votación una de las iniciativas más controvertidas en materia judicial de los últimos años: la instauración de la figura de los llamados “jueces sin rostro”. La propuesta forma parte de una reforma más amplia al Poder Judicial de la Federación, y su decisión podría marcar un cambio histórico en la forma en que México administra justicia.
La iniciativa propone que ciertos jueces puedan emitir resoluciones y sentencias sin revelar su identidad públicamente, con el objetivo de protegerlos de amenazas, extorsiones y represalias, especialmente en casos relacionados con crimen organizado, narcotráfico o delitos de alto impacto. Según sus impulsores, esta medida garantizaría que quienes imparten justicia puedan hacerlo sin temor a represalias, protegiendo no solo su integridad personal, sino también la de sus familias.
El concepto, aunque inspirado en mecanismos de protección judicial utilizados en otros países, es novedoso en México, y plantea un balance delicado entre seguridad de los jueces y transparencia ante la sociedad.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha manifestado su apoyo a la iniciativa, argumentando que la reforma permitirá a los jueces actuar con total independencia y seguridad en casos de alto riesgo, donde la exposición pública podría poner en peligro su vida. “Esta medida es indispensable para garantizar justicia sin miedo”, señaló durante una conferencia matutina. )
El proyecto también contempla la implementación de protocolos de seguridad avanzados, confidencialidad en las audiencias y mecanismos para garantizar que la identidad de los jueces permanezca protegida sin comprometer la validez de los procesos judiciales.
Pese al respaldo oficial, la propuesta ha generado polémica. Organizaciones de transparencia, especialistas en derecho y algunos legisladores advierten que la figura de los “jueces sin rostro” podría:
- Vulnerar el derecho de los ciudadanos a saber quién dicta las sentencias.
- Reducir la rendición de cuentas, al dificultar la supervisión pública de los casos.
- Abrir la puerta a posibles abusos, si se aplica en situaciones de menor riesgo o sin criterios claros.
Los críticos también señalan que, aunque la medida busca proteger a los jueces, no garantiza por sí sola la eficacia del sistema judicial, y que la transparencia es un pilar fundamental en cualquier democracia.
Esta propuesta forma parte de un paquete más amplio de cambios al Poder Judicial, que incluye:
- Reducción del número de integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
- Cambios estructurales en la carrera judicial.
- Nuevos criterios para la elección de jueces y magistrados.
- Ajustes en la organización administrativa y presupuestal del sistema judicial.








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