Ciudad Juárez, Chihuahua.— A más de una semana del macabro hallazgo en el crematorio “Plenitud”, la Fiscalía General del Estado ha confirmado que solo seis cuerpos de los 386 localizados han sido plenamente identificados y entregados a sus familias. El resto continúa en proceso forense, sumido en una compleja labor de identificación que ha puesto en evidencia la precariedad y negligencia del sistema funerario en la región.
Los cadáveres fueron hallados en condiciones inhumanas: amontonados, sin refrigeración, sin cremación, y en evidente estado de abandono. De acuerdo con las autoridades, 213 cuerpos corresponden a hombres, 165 a mujeres, y ocho aún no han podido ser clasificados por género ni identificados. Muchos ya estaban en descomposición avanzada, lo que ha obligado a aplicar técnicas como la rehidratación de tejidos para intentar recuperar huellas dactilares.
Las instalaciones del crematorio operaban sin lo mínimo indispensable: no contaban con energía eléctrica, agua, ni gas; y el horno crematorio llevaba al menos dos años sin funcionar. A pesar de esto, la empresa siguió ofreciendo servicios funerarios a través de convenios con al menos seis funerarias de la ciudad, varias de las cuales ya han sido suspendidas.
Lo más indignante para las familias ha sido descubrir que, en lugar de los restos de sus seres queridos, se les entregaron urnas con cenizas falsas: tierra, piedras o incluso huesos de animales. Por estos hechos, fueron detenidos José Luis “N”, dueño del crematorio, y Facundo “N”, trabajador directo del sitio. Ambos enfrentan cargos por inhumación indebida, violación de normas sanitarias y fraude. La Fiscalía solicitará penas de hasta 17 años de prisión.
Hasta el momento, las autoridades han establecido una lista de 61 posibles coincidencias de identidad y trabajan con 181 cuerpos más que podrían ser identificados en los próximos días. Las familias, en tanto, siguen abarrotando las instalaciones de la fiscalía, llevando actas de defunción, fotografías y otros documentos en busca de respuestas.
El escándalo ha traspasado fronteras. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México pidió una investigación “eficaz, transparente y respetuosa de la dignidad humana”, y subrayó la importancia de atender a las víctimas y garantizar que hechos similares no se repitan.
Este caso ha abierto un debate nacional sobre la regulación y fiscalización de los servicios funerarios en México, así como sobre la crisis forense en el país, donde miles de cuerpos permanecen sin identificar y las condiciones de manejo de cadáveres muchas veces se acercan al colapso.
