La Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió un enérgico llamado al gobierno de Estados Unidos para que detenga de inmediato los ataques contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico Oriental, luego de que diversas fuentes internacionales documentaran más de una decena de operativos que habrían dejado al menos 57 personas muertas desde septiembre de 2025. De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, estas acciones podrían constituir “ejecuciones extrajudiciales”, al haberse realizado fuera de todo marco judicial o de cooperación internacional.
Los expertos de la ONU señalaron que, aun cuando las embarcaciones atacadas fueran utilizadas por redes criminales o dedicadas al narcotráfico, ningún Estado tiene derecho a ejecutar personas sin proceso legal, menos aún en aguas internacionales. Recordaron que los tratados internacionales firmados por Washington —incluyendo la Convención sobre el Derecho del Mar— obligan a las naciones a respetar la soberanía marítima y a garantizar el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza. La oficina del relator especial sobre ejecuciones arbitrarias también pidió una investigación independiente y transparente sobre los hechos.
Según reportes de El País y Expansión, los ataques estadounidenses se habrían realizado desde embarcaciones militares y drones de vigilancia, con el argumento de combatir el tráfico marítimo de drogas y armas. En uno de los incidentes más recientes, cuatro tripulantes murieron cuando una lancha fue hundida en el Pacífico Oriental, presuntamente sin previo intento de detención. Las autoridades estadounidenses han defendido los operativos bajo la justificación de la “seguridad nacional”, aunque hasta el momento no han mostrado pruebas públicas de los supuestos vínculos de las víctimas con organizaciones criminales.
El caso ha generado tensión diplomática con México, ya que uno de los ataques ocurrió cerca de aguas internacionales limítrofes con el territorio nacional. La Secretaría de Marina confirmó el rescate de un único sobreviviente, quien aseguró que su embarcación fue destruida “sin advertencia alguna”. En respuesta, el gobierno mexicano expresó formalmente su rechazo a las acciones unilaterales de Estados Unidos, subrayando que este tipo de intervenciones violan los principios de soberanía y el derecho marítimo internacional.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU advierte que este tipo de operaciones marcan un precedente peligroso, pues podrían replicarse en otras regiones bajo el argumento de la lucha contra el narcotráfico o el terrorismo. Los especialistas recuerdan que el uso de la fuerza letal debe ser siempre el último recurso, tras una orden judicial o la autorización expresa de los países involucrados. Cualquier otra forma de ataque se considera contraria al derecho internacional humanitario y puede derivar en responsabilidades penales internacionales para los mandos militares y políticos involucrados.
