La capital estadounidense atraviesa un momento de tensión sin precedentes. En respuesta a una presunta «oleada de criminalidad», el presidente Donald Trump ordenó el despliegue de más de 1 600 elementos federales —entre ellos agentes del FBI, de la DEA y cerca de 800 efectivos de la Guardia Nacional— en Washington D. C., sin una justificación clara ni petición de las autoridades locales. El resultado: vecinas y vecinos cubrieron las aceras con abucheos, mientras que la presencia militar se convirtió, en el imaginario popular, en una réplica urbana de una postal bélica.
Los residentes rechazan de lleno la medida. Una encuesta de Washington Post en conjunto con la Schar School revela que entre el 79 % y el 80 % de la población se opone a la intervención federal y al uso de la Guardia Nacional. Además, un 61 % manifiesta sentirse menos seguro con el aumento de policías federales patrullando las calles . Aun más significativo, el 78 % de los encuestados asegura sentirse seguro en sus vecindarios, y solo el 22 % identifica la delincuencia como la mayor prioridad para la ciudad.
La tensión social se desbordó cuando el vicepresidente J. D. Vance, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el jefe adjunto de gabinete Stephen Miller visitaron a los efectivos en Union Station. Fueron recibidos con abucheos y consignas como “Free D.C.”, mientras protestantes los interrumpían con cánticos críticos e indignados.
En paralelo, se libran batallas legales. El fiscal general de la ciudad, Brian Schwalb, presentó una demanda para frenar lo que considera una «toma de control hostil» e inconstitucional de la policía local, invocando la Ley Home Rule del Distrito de Columbia.
Este episodio evidencia la compleja dinámica entre poder federal y autonomía local. Washington D. C., una jurisdicción única regulada por la Ley Home Rule, concede autoridad sobre la Guardia Nacional únicamente al presidente, lo que facilita intervenciones sin previa consulta al gobierno municipal. En contraste, estados como Nuevo México implementaron despliegues de manera colaborativa y transparente, solo tras solicitud directa de autoridades locales, un esquema que hoy sirve como antítesis al movimiento federal en la capital.
Los murales y pancartas en las protestas fueron testigos del descontento colectivo. Desde ventanas y aceras, la ciudadanía exigió el retiro inmediato de los militares. Mujeres sin documentos optaron por quedarse en Maryland o Virginia, lejos del riesgo de detenciones arbitrarias. Algunas voces fueron tajantes: un joven judío antisionista comparó la militarización con el inicio de regímenes totalitarios, criticando veladamente una historia que no debe repetirse.
Además, la reacción política está dividida. Mientras congresistas demócratas como Hakeem Jeffries califican el despliegue de “escalada peligrosa”, y Alexadria Ocasio‑Cortez lo ve como «ley marcial encubierta», algunos republicanos lo defienden como necesario para mantener el orden.
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