Durante el proceso de fiscalización del reciente proceso electoral para juzgadoras, jueces y magistrados del Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y otros tribunales, el INE identificó la presencia de materiales impresos y digitales ―conocidos como “acordeones”― que señalaban nombres de candidatas y candidatos que debían recibir votos. Estos listados generaron cuestionamientos sobre la equidad de la contienda y se consideraron como propaganda electoral irregular.
El INE resolvió imponer sanciones a un grupo de candidatos que resultaron electos y aparecieron en esos materiales. Se trató de un procedimiento de fiscalización que incluyó la imposición de multas, basadas originalmente en hasta el 10 % del tope de gastos de campaña correspondiente a cada cargo, aunque finalmente se ajustaron según la capacidad de pago de cada candidato.
Sin embargo, el TEPJF intervino para revocar o reducir algunas de esas sanciones, argumentando que el INE carecía de fundamento legal para imponer ciertas multas y que no siempre se comprobó la participación directa de los candidatos en la elaboración o distribución de los “acordeones”. Esto marca un giro importante en cómo se evalúan las responsabilidades en estos casos.
La decisión del TEPJF abre un debate sobre la responsabilidad de los actores implicados: ¿Debe sancionarse al candidato simplemente por aparecer en dichos listados, o sólo si participó activamente en su creación o distribución? Además, pone en evidencia las lagunas normativas que dificultan sancionar eficazmente este tipo de propaganda electoral.
El fallo tiene implicaciones para futuras elecciones, pues podría frenar la imposición de multas automáticas por materiales como los “acordeones” y exigir una investigación más profunda de responsabilidades. También subraya la necesidad de una reforma legal para dotar al INE de herramientas más robustas para combatir estas prácticas.
Finalmente, este episodio evidencia la fragilidad del control sobre medios de propaganda electoral poco convencionales y la importancia de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en elecciones que involucran al Poder Judicial. La legitimidad del sistema judicial electivo está en juego, y cómo se resuelva este asunto puede afectar la confianza ciudadana en los procesos de selección de juzgadoras y jueces.
