Chetumal, Quintana Roo. – La XVIII Legislatura del Estado ha aprobado reformas, derogaciones y adiciones a diversas disposiciones de la Constitución Política de Quintana Roo para fortalecer el combate a la corrupción, mejorar las responsabilidades administrativas y reorganizar la administración del Estado. Durante la cuarta sesión ordinaria, el Pleno Legislativo dio luz verde a la minuta con proyecto de decreto, que será enviada a los ayuntamientos para su trámite legislativo.
Entre las reformas aprobadas, se destaca la creación de un nuevo Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción, con fundamento constitucional suficiente para erradicar y sancionar los actos de corrupción. Este tribunal estará conformado por cinco magistrados, de los cuales uno fungirá como Presidente por un periodo de cinco años, con posibilidad de reelección por un solo periodo más.
Además, las reformas establecen un proceso independiente del Poder Judicial para nombrar a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción, lo que garantiza mayor autonomía y transparencia en la selección. Se adicionaron también requisitos constitucionales para quienes asuman la titularidad de los Órganos Internos de Control (OIC) de los órganos autónomos, alineando su duración con la del titular de la Auditoría Superior del Estado.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción adquiere plena autonomía, consolidándose como un órgano constitucional autónomo. Esta reforma busca fortalecer la independencia de la Fiscalía y garantizar su capacidad para actuar con eficacia en la lucha contra la corrupción, reforzando así el Estado de derecho en la entidad.
Con estas modificaciones, se busca que el nuevo Tribunal, los Órganos Internos de Control y la Fiscalía Especializada se conviertan en pilares sólidos en la procuración de justicia y la lucha contra la corrupción, libres de influencias externas o represalias.
Versión resumida para el noticiero en vivo
La XVIII Legislatura de Quintana Roo aprobó reformas constitucionales para fortalecer el combate a la corrupción, creando un nuevo Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción. También se otorgó plena autonomía a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, consolidándola como un órgano independiente. Estas reformas buscan garantizar justicia y transparencia en el estado.
