Chetumal, Quintana Roo.21 DE DICIEMBRE DE 2025 — Esta semana entraron en vigor las reformas a la Ley de Derechos del Estado, lo que ha generado un ajuste en los costos de diversos trámites y servicios que ofrecen dependencias del Gobierno de Quintana Roo. Las modificaciones impactan directamente en pagos relacionados con el Registro Civil, el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, así como servicios especializados que brindan distintas instituciones estatales.
La Ley de Derechos del Estado tiene como finalidad regular el cobro por el uso, goce o aprovechamiento de bienes de dominio público, así como por los servicios que el Estado proporciona a través de sus dependencias. Estos servicios se derivan de funciones de derecho público y son prestados por órganos del Poder Ejecutivo, lo que hace obligatoria su aplicación para la ciudadanía que realiza trámites oficiales.
Ley de Derechos del Estado y aprobación legislativa
En este contexto, la gobernadora Mara Lezama Espinosa envió a la XVIII Legislatura del Congreso del Estado la iniciativa de reforma a la Ley de Derechos del Estado, misma que fue analizada por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. Posteriormente, fue discutida y aprobada en el Pleno, dando como resultado el Decreto número 197, publicado en el Periódico Oficial del Estado el pasado 18 de diciembre.
Entre los cambios más relevantes se encuentra el incremento en el costo de las copias certificadas expedidas por el Registro Civil. La Constancia de Descendencia o No Descendencia ahora tiene un costo de 3.50 UMA, equivalente a 396 pesos. Trámites como reconocimiento o adopción quedaron en 2.75 UMA, mientras que actos como matrimonio, defunción, divorcio o inscripción de actos aumentaron de 2 a 6.50 UMA.
La reforma también contempla ajustes en los servicios del Instituto Geográfico y Catastral del Estado, principalmente en la impresión de planos y vuelos de dron para geolocalización. Estos servicios pasaron de rangos de 3 a 6 UMA y de 6 a 8 UMA, dependiendo del tipo de impresión y el tamaño solicitado por el usuario, lo que representa un aumento significativo en algunos casos.
Ley de Derechos del Estado y nuevos cobros por servicios
Otro rubro que presenta incrementos es el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. La expedición de certificados de libertad o existencia de gravamen pasó de 519 a 565.70 pesos, mientras que los certificados con historial en la sección de Comercio subieron a 650.55 pesos. Estos ajustes buscan actualizar los cobros conforme al valor vigente de la UMA.
La reforma también incluye por primera vez los servicios de la Secretaría de las Mujeres, estableciendo tarifas para cursos, evaluaciones y certificaciones con perspectiva de género. Los costos van desde los 1 mil 499 pesos por cursos de preparación, hasta más de 32 mil pesos por la acreditación de entidades certificadoras, lo que amplía el marco de recaudación del Estado.
Asimismo, se estableció un costo de 22 mil 628 pesos para vuelos fotogramétricos georreferenciados mediante equipos aéreos no tripulados en predios de hasta 40 hectáreas. Este servicio especializado representa uno de los cobros más elevados dentro de la Ley de Derechos del Estado, debido a la tecnología y personal técnico que requiere.
La reforma no solo contempla aumentos, sino también reducciones estratégicas. Destaca la disminución en el costo del permiso de pesca deportiva, que pasó de 2.5 UMA a solo 0.50 UMA, con el objetivo de incentivar la economía local y promover el desarrollo sustentable del sector pesquero. Además, se redujeron cobros relacionados con aguas residuales y permisos en áreas naturales protegidas, buscando un equilibrio entre recaudación, cuidado ambiental y apoyo a sectores productivos.
Finalmente, la Ley de Ingresos del Estado estima que para 2026 se recauden más de 7 mil 073 millones de pesos por concepto de derechos, lo que representa una parte fundamental de los ingresos propios de Quintana Roo. Con la entrada en vigor de esta reforma a la Ley de Derechos del Estado, el gobierno estatal busca fortalecer sus finanzas sin dejar de aplicar estímulos en sectores clave para el desarrollo económico y social.
