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Popr Carlos Aguila.... Cancún.- La iniciativa privada lanzó un severo cuestionamiento al gobernador Carlos Manuel Joaquín González “por dejarse someter a la presión de las agrupaciones de taxistas en «los ajustes» a la Ley de Movilidad” en el Congreso estatal.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del Caribe, en voz de su presidenta Inna Germán Gómez, señaló que “nos sorprende que la propuesta se base en la presión de un sector del transporte (taxistas), sin considerar la opinión de otros actores. Debemos escuchar las voces de los ciudadanos y permitir el ingreso de Uber y Airbnb sin trabas.”

Un día antes, el lunes, en una carta abierta, el organismo envío un extrañamiento al Ejecutivo estatal y le demandó utilizar su derecho a veto en el tema de la nueva Ley de Movilidad del estado de Quintana Roo.

El martes, el presidente del Observatorio Legislativo de Quintana Roo, Eduardo Galaviz Ibarra, adelantó que se viene una andanada de amparos contra la nueva normativa una vez que entre en vigor, en septiembre próximo, y calificó de “torpes” a los legisladores y al gobierno del estado porque “se afecta a demasiada gente”.

"No sólo era el tema de Uber como tal; afecta atribuciones municipales, a transportistas de carga y al autotransporte de pasajeros estatal, municipal y federal. Y muy pronto las empresas y afectados en general van a empezar a ampararse, porque hay consideraciones que cuando ya se apliquen harán brotar infinidad de inconformidades."

Por medio de la reforma, las concesiones de taxis nuevamente son indefinidas, en lugar de a 40 años, y se restringen las plataformas digitales de transporte, a menos que acepten entrar a dar el servicio con concesiones.

 

Concesión

Por su parte, el mandatario adujo cuestiones de “seguridad” para justificar que las plataformas digitales, que “pueden tener acceso a Quintana Roo, algo que no (era posible hasta) hace algunos días, puedan operar”… pero sólo mediante concesiones.

En conferencia, al término de un recorrido por las instalaciones de la X Brigada de Policía Militar en la zona continental de Isla Mujeres, donde también entregó títulos de propiedad del predio Arco Norte, resaltó que la ley otorga hoy a compañías como Uber la oportunidad de laborar en Quintana Roo.

El mandatario rechazó que los cambios sean para impedir la operación de la plataforma digital cuyo nombre significa “lo mejor”, “lo último”, lo “más” y que proviene del alemán, y dijo que es decisión de las empresas dedicadas al servicio si entran a trabajar o no a la entidad, en respuesta a las declaraciones de directivos de la trasnacional..

Joaquín González rechazó que las modificaciones realizadas el martes por el Congreso contengan cambios de fondo respecto a lo que se aprobó el pasado 28 de mayo: “El punto es que hoy las plataformas digitales pueden tener acceso a Quintana Roo, no lo tenían hasta hace unos días, hoy existe esa posibilidad, pero tiene que haber medidas de control”.

Añadió que “tiene que haber (controles) porque al fin y al cabo es lo que más nos interesa para toda la gente: que haya la posibilidad de transporte como la gente lo desee, lo necesite, pero también tiene que regularse, tienen que tener esos controles y ser parte de nuestro control de seguridad que para el estado es fundamental”.

Mejorar

En tanto, el secretario general del sindicato Andrés Quintana Roo de Cancún, Erasmo Abelar Cámara, reiteró su compromiso “de mejorar la calidad en el servicio, la renovación del parque vehicular y más opciones por medios tecnológicos”.

Expuso que “a nombre del gremio quiero reconocer y agradecer al gobernador, así como a la Cámara de Diputados toda la disposición y entereza que mostraron a favor de la clase trabajadora taxista, les estamos muy agradecidos, pero sobre todo comprometidos en sumarnos a fin de hacer un mejor Quintana Roo”.

El dirigente sostuvo que “la aprobación de las reformas a la actual Ley de Movilidad significa el triunfo de la razón y la justicia para que el transporte de taxi, tradicional o por medio de plataformas tecnológicas, sea considerado como servicio público y, por ende, requiera de una concesión que permita un control y dé certidumbre en materia de seguridad”.

También se logró que las concesiones no tengan vencimiento y con eso se salvaguardan los derechos de los trabajadores del volante, las fuentes de empleo y el patrimonio de más de 100 mil familias que dependen del taxi en el Caribe mexicano.

Retroceso

En respuesta, el guatemalteco Federico Ranero, director general de Uber México, precisó que “es un retroceso para el desarrollo urbano y económico de Quintana Roo. No es posible que el primer destino vacacional de México y América Latina no tenga el servicio”.

En ese sentido, anticipó que la trasnacional analizará las vías legales tras las reformas aprobadas por el Congreso a la Ley de Movilidad que “ignoraron la voz de miles de ciudadanos y organismos empresariales, dejando sin oportunidades de autoempleo a más de cinco mil familias quintanarroenses.

“Además, limitando las soluciones tecnológicas de transporte para más de 130 mil ciudadanos y millones de turistas que anualmente visitan el principal destino turístico del país, la gran mayoría provenientes de ciudades donde paradójicamente opera Uber.”

Discrepancias

Por su parte, Jorge Carlos Aguilar Osorio, líder del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la entidad, puntualizó que el gobierno estatal tendrá su sentencia en relación con las modificaciones que propuso y, aunque dijo que es respetuoso de los taxistas, consideró que es necesario que la población tenga una opción diferente.

“El gobierno tendrá su propia sentencia de lo que piense y diga la sociedad. En lo personal no estoy de acuerdo con las modificaciones, no alientan la competencia; soy respetuoso de los taxistas, pero creo que hoy la gente tiene derecho a una opción distinta. Cuando no tienes competencia te sientes cómodo dando el servicio con la calidad que sea”, aseveró.

Expuso que la percepción es que al ciudadano le molesta que la Ley de Movilidad sufra reformas a meses de haber sido creada: “Lo que más molesta a la gente es que es una ley que se acaba de aprobar y que tenga modificaciones tan rápido porque pareciera que debido a la presión de grupos sindicales el gobierno cedió”, sostuvo.

Por separado, Eduardo Pacho Gallegos, dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) en Benito Juárez, indicó que con las modificaciones salen ganando unos y perdiendo otros, y consideró que los diputados locales deben ser autocríticos y revisar su actuación, pues su decisión va en detrimento de la población.

“Vemos con recelo las reformas, creo que tienen que ser mejor analizadas porque al final saldrán beneficiados unos y otros no, y no estamos escuchando a la gente, que está pidiendo un nuevo servicio. Los diputados deberían volver a checar lo que están haciendo, porque al final es en detrimento de la población”, reiteró.

De su lado, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que impuso sanciones por casi 6.5 millones de pesos en la Ciudad de México a las empresas internacionales de transporte privado –Uber, Easy Taxi y Cabify– por supuestas "cláusulas abusivas y publicidad engañosa".

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